Santa Marta vivió 48 horas de tensión por un paro armado ordenado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo criminal conocido como Los Pachenca. El cese de actividades y los bloqueos alteraron la vida cotidiana de los habitantes y encendieron las alertas de las autoridades locales y nacionales.
Según la información publicada por NTN24, la organización ilegal decidió suspender el paro armado y comunicar su voluntad de someterse a la justicia. El sometimiento es una figura contemplada en el ordenamiento colombiano para grupos armados organizados que deciden acogerse al Estado de Derecho.
El gobierno de Abelardo de la Espriella lideró las gestiones que condujeron a este resultado. La intervención directa del Ejecutivo buscaba recuperar la normalidad en Santa Marta y sus alrededores, donde la población había reportado restricciones de movilidad y desabastecimiento durante las jornadas de paro.
Los Pachenca son una estructura armada con presencia histórica en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas del departamento del Cesar. Su actividad incluye el control de economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión, y han sido objetivo de operaciones de la fuerza pública en distintas administraciones.
La figura del sometimiento permite que un grupo armado organizado entregue sus armas, aporte información sobre sus estructuras y sus finanzas, y se acoja a un proceso judicial con beneficios definidos por la ley. Para el Estado, el reto es garantizar que estas entregas se traduzcan en reducciones reales de la violencia en los territorios.
En Santa Marta, el levantamiento del paro permitió la reapertura de comercios, la reanudación del transporte y el regreso paulatino de la actividad turística, uno de los renglones clave de la economía local. Organizaciones ciudadanas habían reclamado durante las 48 horas de paro una respuesta efectiva del gobierno nacional.
La reacción del gobierno central fue respaldada por sectores políticos que consideraron prioritaria la defensa de la población civil. Entretanto, voceros de la oposición pidieron explicaciones detalladas sobre los términos del acuerdo y los compromisos adquiridos con la estructura ilegal.
Quedan por definirse los mecanismos de verificación del sometimiento, la actuación de la Fiscalía y la jurisdicción competente, y la participación de las víctimas en el proceso. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si el anuncio se traduce en hechos verificables sobre el terreno.