Un juez del circuito del Guaviare ordenó suspender los bombardeos del Gobierno nacional en cualquier operación aérea en la que se emitan alertas preventivas sobre la presencia de niños o adolescentes en la zona, según reportó Infobae. La decisión judicial vuelve a intervenir de manera directa en la estrategia militar del presidente Abelardo de la Espriella en un departamento históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales.
La providencia establece que la prohibición regirá de manera automática cada vez que se registren alertas preventivas de organismos competentes sobre menores de edad en el área de la operación. De esta forma, el juez busca que la fuerza pública no ejecute acciones ofensivas mientras exista riesgo documentado de afectación a la población infantil.
Esta es la segunda vez que la justicia colombiana frena los bombardeos ordenados dentro de la política de seguridad del Gobierno. El primer antecedente se produjo en agosto del año pasado, cuando otra decisión judicial detuvo operaciones aéreas en el mismo departamento, lo que abrió un debate nacional sobre los límites entre la conducción militar y la protección de derechos de la infancia.
El Guaviare es una de las zonas rojas del conflicto armado colombiano. Allí confluyen estructuras armadas disidentes de las FARC, grupos paramilitares y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la explotación ilegal de minerales. La presencia de menores en esas regiones, muchos de ellos vinculados forzosamente a los grupos ilegales, ha sido documentada por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones internacionales.
El derecho internacional humanitario, incorporado al bloque de constitucionalidad colombiano, protege de manera especial a la población civil, y de forma reforzada a niños, niñas y adolescentes. Cualquier operación militar debe diferenciar entrecombatientes y no combatientes, y la presencia de menores obliga a aplicar principios de precaución y proporcionalidad antes de ejecutar un ataque.
La decisión del juez del Guaviare se inscribe en una línea creciente de pronunciamientos judiciales que han cuestionado la metodología y los protocolos de los bombardeos. Los críticos han señalado que estas operaciones pueden generar víctimas civiles, mientras que el Gobierno ha defendido su uso como herramienta legítima contra las estructuras criminales.
Para los habitantes del Guaviare y zonas vecinas como Vaupés y Caquetá, la suspensión temporal de bombardeos tiene dos lecturas opuestas. Por un lado, organizaciones de derechos humanos consideran que reduce el riesgo de hechos victimizantes contra civiles. Por otro, sectores de la fuerza pública y algunos gremios han advertido que la limitación puede favorecer el repliegue de los grupos armados y el aumento de la violencia contra la población.
El Gobierno nacional cuenta con la facultad de apelar la decisión o de solicitar su levantamiento parcial mediante pruebas de que la zona se encuentra libre de menores. Mientras el proceso avanza, las operaciones aéreas ofensivas en el Guaviare quedan condicionadas a la verificación de alertas tempranas por parte de los organismos del Estado encargados de proteger a la infancia.
La determinación reaviva el debate sobre cómo equilibrar la lucha contra los grupos armados con los derechos fundamentales de los menores. Queda por verse si el Gobierno de Abelardo de la Espriella acatará de manera estricta la orden, si presentará recursos legales y cómo reaccionarán los comandos militares responsables de ejecutar la política de seguridad en el sur del país.