El Ministerio de Transporte trabaja en una reforma al Código Nacional de Tránsito que modificará el régimen de sanciones vigente en Colombia. El anuncio, recogido por El Colombiano, confirma que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en un ajuste largamente discutido por actores del sector y por la opinión pública.
Aunque el texto definitivo no se ha publicado, la cartera de Transporte ya empezó a socializar los puntos centrales del proyecto. Uno de los mensajes más reiterados es que varias conductas seguirán siendo sancionadas, pese a los rumores que circulaban sobre una eventual despenalización de ciertas infracciones.
El Código Nacional de Tránsito es la norma que regula el comportamiento de conductores, peatones, motociclistas y pasajeros en las vías del país. Su última gran reforma se realizó en la Ley 1811 de 2013 y en normas posteriores, y desde entonces se han sumado modificaciones parciales vía decretos y resoluciones del Ministerio.
En Colombia, la accidentalidad vial es una de las principales causas de muerte violenta. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han mostrado, año tras año, que los siniestros en carretera dejan miles de víctimas fatales y lesionados, con un peso importante de motociclistas y peatones.
Por eso, cualquier cambio al Código genera expectativa entre aseguradoras, empresas de transporte, agremiaciones de motociclistas, autoridades de tránsito municipales y organizaciones de víctimas. El debate suele girar en torno a los límites de velocidad, el uso del casco, el consumo de alcohol, la documentación de los vehículos y las sanciones a quienes conduzcan sin licencia.
La decisión de mantener sanciones para ciertas conductas busca despejar la incertidumbre que había generado la discusión del proyecto. Funcionarios del Ministerio han subrayado que la reforma no significa un relajamiento de las reglas, sino una actualización técnica del marco vigente.
Para los ciudadanos, los efectos prácticos dependerán de cómo queden redactadas las nuevas sanciones, los procedimientos para imponerlas y los valores de las multas. También influirá la forma en que las autoridades locales, como las secretarías de Movilidad, apliquen los controles en ciudades y carreteras.
El proyecto aún debe surtir trámites ante el Congreso de la República, donde se discutirá su contenido. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte continúa mesas técnicas con distintos sectores para ajustar el articulado antes de su presentación formal.
Queda pendiente conocer el texto definitivo, el alcance de los cambios y el cronograma que trace el Gobierno para su radicación. La expectativa es que la reforma llegue al legislativo con claridad sobre qué conductas serán sancionadas y bajo qué criterios.