El Gobierno nacional prepara un decreto que reglamenta la protesta social y establece el marco de actuación de la Policía en manifestaciones públicas, según reportó Vanguardia. El texto fija cinco niveles de reacción de la fuerza pública, escalonados según la situación que se presente en cada jornada de movilización.
La iniciativa también delimita las causales bajo las cuales se podrán suspender los diálogos entre las autoridades y los líderes de las protestas. El propósito declarado es contar con criterios claros para decidir cuándo una mesa de conversación deja de ser viable y se da paso a procedimientos de otra naturaleza.
Otro componente central del decreto es la creación de los llamados corredores solidarios. Se trata de figuras orientadas a evitar cierres prolongados de vías, un punto crítico en las protestas recientes, donde bloqueos de varias horas han afectado la movilidad de ciudades y el transporte de alimentos y combustibles.
La protesta social está reconocida en la Constitución colombiana como un derecho fundamental. Por eso, cualquier norma que regule la actuación de la fuerza pública en ese contexto suele generar debate entre defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, expertos en seguridad y gremios económicos, que argumentan posiciones distintas sobre el equilibrio entre la garantía del derecho a manifestarse y la protección de los demás ciudadanos.
El precedente inmediato es la protesta nacional de 2021, en la que la actuación de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió luego una resolución de supervisión de cumplimiento, y la Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de protocolos claros que limiten el uso de la fuerza.
Para el Gobierno, según el extracto, el decreto responde a la necesidad de dar seguridad jurídica tanto a quienes protestan como a los uniformados. La Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, actúa bajo protocolos internos que hasta ahora no contaban con un reglamento unificado de alcance nacional frente a la protesta pacífica.
Entre los sectores pendientes del texto están los organizadores de marchas, plataformas de derechos humanos, transportadores y comerciantes. Los primeros piden que se respete el carácter pacífico de las movilizaciones; los segundos temen que bloqueos sin solución rápida afecten la economía regional.
Queda por conocer el contenido detallado del decreto, la fecha de expedición y la forma como será socializado con la fuerza pública y la ciudadanía. También está pendiente si la norma pasará por revisión de la Corte Constitucional, como ha ocurrido con anteriores regulaciones sobre la materia.
El tema llega además en un momento de debate sobre el papel de la fuerza pública en distintas regiones del país, donde persisten denuncias de exceso en operativos y llamados a fortalecer los mecanismos de control disciplinario y judicial sobre la actuación policial.