En una entrevista concedida a ELTIEMPO, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez trazó un diagnóstico preocupante sobre el estado de seguridad que, según dijo, heredará el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La exfuncionaria sostuvo que el nuevo Ejecutivo llegará al poder en un contexto marcado por una economía criminal desbordada, expresión que utilizó para describir el alcance de las redes ilegales que operan en el país.
Ramírez habló con la periodista María Isabel Rueda en un formato de entrevista larga, espacio en el que abordó distintos frentes de la situación nacional. El eje de sus declaraciones fue el vínculo entre criminalidad y economía, un campo que en Colombia ha incluido durante décadas fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, aunque la exvicepresidenta no desglosó cifras puntuales durante el extracto publicado por el diario.
La noción de economía criminal alude a actividades ilícitas que se articulan como verdaderos encadenamientos productivos, con financiación, logística y mercados. En el caso colombiano, distintos análisis han señalado que esos flujos generan recursos que pueden superar los de sectores legales en ciertas regiones, lo que les permite ejercer control territorial y presionar a las instituciones.
Al hablar de los desafíos que deberá asumir el gobierno de De la Espriella, la exvicepresidenta insistió en que la seguridad no puede desligarse de la discusión económica. Esa mirada plantea que enfrentar a los grupos armados organizados y a las bandas criminales requiere también perseguir los flujos de dinero que los sostienen, una línea que ha sido promovida tanto por organismos internacionales como por expertos en seguridad y justicia.
Las palabras de Ramírez se producen en un momento de transición política, cuando el nuevo gobierno comienza a delinear su equipo y sus prioridades. Aunque la entrevista se centró en el diagnóstico, la exvicepresidenta sugirió que el próximo Ejecutivo necesitará una estrategia articulada entre fuerza pública, justicia e instituciones financieras para contener la expansión de esas economías ilegales.
El tema ha ganado espacio en el debate público colombiano, en la medida en que organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Jurisdicción Especial para la Paz han advertido sobre la necesidad de atacar las finanzas de los grupos armados. La exvicepresidenta se sumó a ese llamado al señalar que el país no podrá avanzar en pacificación mientras esas economías sigan creciendo.
Para la ciudadanía, el debate tiene implicaciones directas. Las economías criminales afectan la seguridad en las ciudades y los pueblos, condicionan la actividad económica formal en regiones enteras y presionan a comunidades que terminan atrapadas entre la legalidad y la ilegalidad. Por eso, las advertencias sobre el tema suelen traducirse en preguntas sobre qué tipo de respuestas se esperan del próximo gobierno.
Queda por verse cómo el gobierno de Abelardo de la Espriella responderá a este tipo de alertas. La entrevista de Ramírez es una de las primeras señales públicas que recibe la nueva administración sobre los retos en seguridad, y deja sobre la mesa la exigencia de que cualquier plan de gobierno aborde tanto la operación de las estructuras armadas como el dinero que las mueve. La fuente original es la entrevista publicada por ELTIEMPO.
Mientras tanto, la frase de la exvicepresidenta queda como una de las caracterizaciones más fuertes del momento que enfrentará el nuevo gobierno. El reto, según sugirió, no será solo contener la violencia, sino desmontar las redes económicas que la hacen posible.