La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) elevó públicamente un llamado al Gobierno nacional y al Congreso para emprender una reforma estructural a la Ley de Educación Superior vigente. La petición fue formulada por su director ejecutivo, Oscar Domínguez, en una conversación con EL NUEVO SIGLO.
Domínguez explicó que la reforma debe atender cinco ejes sectoriales que Ascún considera claves para el funcionamiento de las instituciones de educación superior en Colombia. Aunque el detalle de cada eje no se menciona en el extracto de la fuente, su enumeración como línea de trabajo anticipa un debate amplio con el nuevo Ejecutivo.
En el mismo diálogo, el directivo abordó las metas de colocación de créditos del Icetex para el segundo semestre del año. La financiación de estudiantes universitarios sigue siendo uno de los temas sensibles del sector, por el volumen de cartera y por la cobertura real que ofrece el instituto.
El llamado coincide con el arranque de un nuevo periodo presidencial encabezado por Abelardo de la Espriella, lo que coloca la discusión sobre la educación superior dentro de la agenda inicial del Gobierno. Las universidades privadas y públicas esperan señales concretas sobre continuidad o ajuste de políticas en materia de financiamiento, acreditación y calidad.
Ascún agrupa a las universidades privadas del país y suele interlocutar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Congreso en los proyectos de ley que tocan al sector. Su voz suele pesar en debates sobre el rol de las instituciones privadas frente al sistema público, los créditos y los recursos presupuestales.
La reforma a la Ley de Educación Superior ha sido un tema pendiente desde legislaturas anteriores. Distintos analistas y rectores han señalado la necesidad de actualizar normas sobre régimen financiero, autonomía universitaria, investigación y gobierno institucional, entre otros puntos.
En lo inmediato, Domínguez planteó las expectativas del sector frente a los cinco ejes y las metas del Icetex para el segundo semestre. Queda pendiente que el nuevo Gobierno defina su postura oficial y que el Congreso incluya el tema en su agenda legislativa.
Para los estudiantes, una eventual reforma podría traducirse en cambios en el acceso al crédito, en las becas y en las condiciones de permanencia. Para las instituciones, significaría ajustar marcos normativos que hoy regulan su operación financiera y académica.
La comunidad universitaria seguirá atenta a los pronunciamientos del Ministerio de Educación y de las nuevas autoridades frente a esta solicitud de Ascún, que ya dejó planteada la conversación con el Gobierno y el Congreso.