Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, aseguró que la administración que se aproxima deberá ejecutar un recorte fiscal que podría llegar a los 60 billones de pesos. El anuncio lo hizo en declaraciones recogidas por El Colombiano, donde expuso las líneas generales del plan económico con el que arrancará el nuevo periodo de gobierno.
El ajuste planteado es uno de los más ambiciosos de los últimos años en materia de gasto público. Según explicó el ministro designado, la magnitud del recorte responde a la gravedad del desbalance que, a su juicio, dejará la administración saliente. El objetivo declarado es estabilizar las cuentas fiscales y enviar una señal de disciplina presupuestal a los mercados y a los organismos multilaterales.
La cartera de Hacienda es la encargada de formular y ejecutar la política económica del Estado. Entre sus funciones principales están la elaboración del Presupuesto General de la Nación, la definición de la estrategia de deuda pública y la coordinación con el Banco de la República en temas macroeconómicos. Por eso, el anuncio de un recorte de esa dimensión marca el tono de lo que será la política fiscal del cuatrienio.
Un ajuste de 60 billones de pesos equivale a cerca de una sexta parte del presupuesto de funcionamiento e inversión de la Nación en una vigencia reciente. Aunque el ministro no entró en el detalle de cuáles rubros se verán afectados, esa cifra suele traducirse en reducciones en sectores como inversión en infraestructura, transferencias a regiones, nómina estatal y subsidios. Los programas sociales serían, en principio, los más sensibles a un recorte de ese tamaño.
El contexto inmediato es la crisis fiscal que el propio Gómez Martínez describió. Colombia cerró años recientes con déficits superiores al histórico, una deuda pública en aumento y presiones cambiarias. La pandemia, la caída de ingresos petroleros y el crecimiento de obligaciones pensionales y de subsidios han sido factores que distintos analistas han señalado como determinantes del deterioro de las finanzas públicas.
La propuesta llega en un momento de transición. El gobierno saliente entregó un Marco Fiscal de Mediano Plazo con supuestos macroeconómicos que el nuevo equipo no comparte en su totalidad. Gómez Martínez indicó que la próxima administración revisará ese marco y que el recorte se inscribirá dentro de una renegociación del orden fiscal con el Congreso y con los mercados internacionales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Sectores gremiales han pedido que el ajuste no afecte la inversión productiva ni los programas dirigidos a población vulnerable. Por su parte, analistas económicos han valorado el hecho de que el gobierno entrante reconozca de entrada la magnitud del hueco fiscal, aunque advierten que el recorte anunciado exigirá reformas tributarias y de gasto que irán mucho más allá del presupuesto anual.
En el ámbito político, la iniciativa tendrá que pasar por el Congreso. Cualquier modificación de gran calado al Presupuesto General de la Nación requiere el trámite legislativo correspondiente. Gómez Martínez señaló que la conversación con las bancadas será prioritaria en las primeras semanas de gestión, con el fin de construir los consensos necesarios para aprobar la nueva senda de gasto.
Quedan varios puntos por definir: los sectores específicos que sufrirán la poda, el calendario de aplicación del recorte y si la medida irá acompañada de una reforma tributaria que compense parte de la pérdida de ingresos. El equipo económico del presidente De la Espriella presentará los detalles en las próximas semanas, según adelantó el propio ministro.