Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente, aseguró en declaraciones recogidas por Periodicovirtual.com que Colombia podría avanzar en proyectos de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, bajo condiciones ambientales y de seguridad estrictas. La afirmación marca un giro en el debate nacional sobre esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El ministro no especificó en sus declaraciones cuáles serían esos estándares ni qué entidad se encargaría de verificarlos. Esa ausencia de detalle deja abierta la pregunta sobre los criterios técnicos que se aplicarían a futuros proyectos y sobre el rol del Ministerio de Ambiente en su evaluación.
El fracking ha sido un tema controversial en Colombia durante la última década. La técnica permite extraer gas y petróleo de formaciones rocosas de baja permeabilidad mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión. Varios estudios han señalado riesgos de contaminación de acuíferos, mientras que el sector energético la presenta como una oportunidad para aumentar las reservas y reducir la dependencia de importaciones.
En 2022, la Comisión Interdisciplinaria Independiente, convocada por el Gobierno anterior, concluyó que los pilotos de fracking no contaban con la información necesaria para descartar impactos acumulativos sobre el agua y la salud. Esa recomendación llevó a suspender los proyectos piloto que se adelantaban en el departamento de Santander. La nueva postura del Ministerio reabre un debate que estaba en pausa.
La decisión final sobre el fracking en Colombia no depende únicamente del Ministerio de Ambiente. También intervienen el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Cualquier proyecto requiere licencias, consultas previas con comunidades étnicas y estudios de impacto ambiental.
Para las comunidades que habitan las zonas con potencial de yacimientos no convencionales, la discusión tiene efectos directos. En regiones como Santander, Cesar y La Guajira existen procesos comunitarios y ambientales previos relacionados con la actividad extractiva. La reactivación del tema obligará a renovar los espacios de diálogo con estos territorios.
Desde el sector ambiental, organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos y la Alianza Colombia Libre de Fracking han expresado de forma reiterada su rechazo a la técnica por los riesgos sobre el recurso hídrico. El sector empresarial, en cambio, ha sostenido que el fracking es clave para la seguridad energética y la transición gradual hacia fuentes renovables.
En el contexto global, varios países han adoptado posiciones divergentes. Francia y Alemania mantienen prohibiciones, mientras que Estados Unidos y Argentina son los mayores productores con esta técnica. Colombia se ubica ahora en un punto intermedio, con una apertura condicionada que tendrá que traducirse en regulación concreta.
Por ahora, la posición de Arjona es una declaración de intención, no una política oficial. Queda pendiente conocer la posición del Ministerio de Minas y Energía, los lineamientos de la Casa de Nariño y, sobre todo, si se convocará una nueva instancia técnica para revisar la decisión adoptada en 2022.
La fuente de esta información es Periodicovirtual.com. El Observatorio Abelardo Presidente registra esta declaración por su relevancia para el debate ambiental y energético del país, sin emitir juicios sobre su conveniencia.