El Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabaja en un decreto que extenderá hasta julio de 2027 el periodo de transición hacia el Registro Universal de Ingresos, la herramienta que reemplaza al Sisbén tradicional. La decisión, reportada por Cambio Colombia, se conoce en medio de un volumen creciente de reclamos por parte de ciudadanos que han visto alterada su clasificación en el nuevo sistema.
El Registro Universal de Ingresos fue concebido para integrar en una sola base la información socioeconómica de los hogares colombianos y simplificar la focalización de los programas sociales. A diferencia del Sisbén tradicional, que depende de encuestas presenciales, el nuevo modelo cruza datos de múltiples fuentes para estimar los ingresos de cada familia.
Según la información publicada por Cambio Colombia, el propio Gobierno reconoció que los algoritmos del sistema aún requieren ajustes. La recalibración incluye revisar los criterios con los que se asignan los puntajes, pues las quejas se concentran en personas que aseguran haber perdido el acceso a subsidios pese a no haber cambiado su situación económica.
Durante el periodo de transición, el Sisbén que ha operado durante años continuará siendo la herramienta oficial para asignar subsidios como Familias en Acción, la Renta Ciudadana y otros programas sociales del Estado. Esto significa que, en la práctica, los beneficiarios actuales no deberían ver cambios inmediatos en sus transferencias mientras se ajusta el nuevo modelo.
El aplazamiento hasta julio de 2027 implica que la transición se extenderá por cerca de tres años adicionales respecto al cronograma inicial. Para los ciudadanos, el efecto más tangible es que cualquier actualización en su clasificación pasará primero por el sistema tradicional antes de ser cruzada con el Registro Universal.
La decisión abre también un debate sobre la capacidad del Estado para implementar reformas tecnológicas de gran escala en política social. El cruce masivo de bases de datos, que incluye registros de la DIAN, la UGPP y el sistema de salud, ha sido señalado por expertos como un reto técnico que requiere pruebas piloto más amplias antes de su generalización.
En el plano institucional, el DNP queda como el responsable de coordinar los ajustes técnicos, mientras que las entidades que ejecutan los programas sociales deberán adaptar sus procedimientos para convivir temporalmente con dos sistemas de clasificación. La comunicación oficial sobre los cambios llegará a través del decreto que se publicaría en las próximas semanas.
Quedan pendientes varios puntos clave: cómo se resolverán las quejas ya acumuladas, qué criterios se modificarán en los algoritmos y de qué forma se informará a los hogares que fueron recategorizados en los últimos meses. El éxito de la transición dependerá, en gran parte, de que estos ajustes se traduzcan en mayor precisión y menos errores para los usuarios del sistema.