El gobierno enfrentó esta semana su primera prueba de fuego en materia de orden público. La muerte de los cabecillas de los Pachenca, grupo criminal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de Cesar, desencadenó una reacción violenta del grupo, que decretó un paro armado en zonas bajo su influencia, reportó El Nuevo Siglo.
Según el diario, la ofensiva militar y policial no se detuvo pese a las amenazas. Las Fuerzas Militares y la Policía sostuvieron operaciones en la región, con el objetivo de evitar el repliegue de las estructuras residuales y restablecer la movilidad en los municipios afectados por el paro.
Los Pachenca son una organización sucesora de los antiguos paramilitares que hicieron presencia en la Sierra Nevada. Se les atribuye el control de rutas de narcotráfico, la extorsión a comerciantes y el reclutamiento de menores en zonas rurales de Santa Marta, Riohacha y Valledupar, entre otras ciudades de la región Caribe.
Expertos en seguridad consultados por El Nuevo Siglo coincidieron en que el episodio expone tanto la capacidad operativa del Estado como sus limitaciones. Señalaron que la muerte de cabecillas suele generarfragmentaciones internas y disputas por el control territorial, lo que puede traducirse en incrementos de violencia selectiva y retaliaciones contra la población civil.
Analistas también advirtieron que la declaratoria de paro armado es una herramienta de presión usada por grupos armados para mostrar cohesión luego de golpes a la cúpula. El hecho de que el gobierno lograra mantener operaciones simultáneas fue interpretado como una señal de continuidad en la política de seguridad que se trazó al inicio de la actual administración.
Para la ciudadanía, el paro armado se traduce en restricciones a la circulación, cierre de comercios y suspensión del transporte en horas y días específicos. Comerciantes y transportadores de la Sierra Nevada suelen ser los más afectados, junto con comunidades rurales que dependen de la movilidad para acceder a alimentos y servicios de salud.
En materia institucional, el episodio pone a prueba la coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades locales. Especialistas recordaron que, tras la captura o muerte de líderes criminales, resulta clave judicializar rápidamente a los miembros de las redes de apoyo para evitar que las vacantes de mando sean llenadas por nuevos cabecillas.
Queda pendiente evaluar si los operativos de esta semana derivarán en capturas adicionales, en la judicialización de las finanzas del grupo y en la protección efectiva de las comunidades amedrentadas por el paro. El gobierno, según El Nuevo Siglo, presentó los resultados como una demostración de que la ofensiva contra el crimen organizado continúa sin retrocesos.