El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella confirmó que congelará el gasto público como una de las primeras medidas de su administración. El anuncio lo recogió el medio El Cronista, que tituló la información como una decisión oficial del nuevo Ejecutivo.
En paralelo, el Mandatario aclaró que los programas sociales del Estado no se suspenderán. Prosperidad Social, la entidad que agrupa buena parte de las transferencias condicionadas y no condicionadas a hogares vulnerables, seguirá operando, según lo expresado por el presidente.
La diferencia respecto a la política previa está en el filtro. El gobierno entrante aseguró que se verificará que las ayudas lleguen únicamente a las personas que cumplen los requisitos establecidos. Esa auditoría se enfocará en depurar los listados de beneficiarios y en evitar pagos a quienes no califican.
Prosperidad Social agrupa iniciativas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, la Renta Ciudadana y Colombia Mayor, entre otras. La depuración de padrones es un ejercicio que se ha hecho en distintas administraciones, porque las bases de datos suelen presentar inconsistencias entre la información reportada y la realidad socioeconómica de los hogares.
La medida de congelar el gasto público implica que las entidades nacionales deberán ajustarse a los techos presupuestales vigentes. En la práctica, eso limita la creación de nuevos rubros, frena la contratación de personal por encima de la planta actual y restringe los traslados presupuestales entre ministerios.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato se sentirá en dos frentes. El primero es la continuidad de los subsidios: las familias beneficiarias deberían seguir recibiendo los pagos en las fechas previstas mientras se adelanta la verificación. El segundo es la incertidumbre sobre quiénes saldrán de los listados una vez concluya la revisión.
El anuncio se produce en un momento de presión fiscal, con un déficit que el Gobierno saliente dejó en niveles elevados y con calificadoras internacionales observando el cumplimiento de la regla fiscal. Congelar el gasto es una de las herramientas que usan los gobiernos para mostrar disciplina macroeconómica sin necesidad de presentar una ley de austeridad.
Quedan pendientes varios puntos. El gobierno entrante no detalló en esta declaración el cronograma de la verificación ni cuántas bases de datos se cruzarán. Tampoco se conoce si la depuración se hará con el Sisbén, con la DIAN, con las cámaras de comercio o con una combinación de fuentes.
Otro aspecto por definir es la protección de los hogares en zonas rurales dispersas, donde la actualización del Sisbén suele ser más lenta y donde un error de exclusión puede dejar a una familia sin ingresos por meses. La reacción de los beneficiarios y de los operadores locales de los programas será clave para medir el alcance real de la medida.