La Misión de Verificación de la ONU en Colombia elevó una alerta sobre la financiación de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El pronunciamiento se conoce en medio del inicio de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, según el informe divulgado por el organismo internacional.
De acuerdo con el extracto citado por la fuente, la Misión sostuvo que la ejecución de lo acordado puede contribuir al logro de varias prioridades del Ejecutivo. Con esa frase, el organismo reconoció el vínculo entre los compromisos pendientes del Acuerdo y la agenda de gobierno que arrancó con De la Espriella.
La preocupación central del informe se refiere a los recursos disponibles para sostener los programas derivados del Acuerdo. El Acuerdo Final de Paz contempla puntos que involucran a entidades territoriales, comunidades campesinas, excombatientes y víctimas, y cuya continuidad se ha sostenido con presupuesto nacional, cooperación internacional y aportes de organismos multilaterales.
La Misión de Verificación fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2017 con el mandato de acompanhar la implementación del Acuerdo en Colombia. Desde entonces, el organismo publica informes periódicos ante el Consejo de Seguridad y ante la opinión pública, en los que registra avances, dificultades y riesgos en la ejecución de los puntos pactados.
El llamado de atención sobre la financiación ocurre en un contexto en el que el Acuerdo aún mantiene compromisos pendientes en reincorporación económica y social de los excombatientes, garantías de seguridad para exintegrantes de las FARC, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la implementación del capítulo étnico. Estos componentes demandan recursos sostenidos en el mediano plazo.
Para la ciudadanía, la alerta de la ONU tiene efectos directos. Las comunidades que habitan las zonas priorizadas por el Acuerdo dependen de la continuidad de obras, programas productivos y proyectos de sustitución de cultivos. Una reducción en la financiación podría traducirse en retrasos en esas intervenciones.
El informe también reconoció que la implementación adecuada puede ser una herramienta al servicio de las prioridades del Ejecutivo. Esa lectura sugiere que el organismo internacional ve en lo pactado un insumo para políticas de seguridad, desarrollo rural y reconciliación, más que un punto aislado de la agenda de gobierno.
Queda pendiente conocer la respuesta oficial del Ejecutivo sobre la financiación del Acuerdo. El gobierno de De la Espriella deberá precisar si habrá ajustes presupuestales, continuidad de los compromisos adquiridos con la cooperación internacional y cuál será la ruta para garantizar los recursos en los próximos años.
La Misión de Verificación continuará entregando reportes periódicos sobre el avance del Acuerdo. Estos informes funcionan como insumo para el seguimiento que realizan la comunidad internacional, las entidades del Estado y las organizaciones de víctimas que participan en la implementación.