El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó que se garantice una transición ordenada entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, según reportó El País de Cali. El mensaje incluye un llamado expreso para que la administración que comienza mantenga la implementación del acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.
El acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá tras los diálogos de La Habana, contempla seis puntos principales que incluyen la reforma rural integral, la participación política de los excombatientes, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas y los mecanismos de implementación y verificación. La ONU ha sido uno de los acompañantes internacionales del proceso, junto con otros organismos multilaterales.
En la práctica, la implementación del acuerdo se ha desarrollado a través de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos instrumentos dependen en buena medida de la voluntad política del gobierno de turno para su continuidad presupuestal y operativa.
El llamado de Guterres se produce en el marco del traspaso de mando presidencial, un periodo sensible en el que suelen revisarse prioridades de gobierno. La solicitud de una transición fluida apunta a evitar vacíos en asuntos sensibles como la reincorporación de excombatientes, la seguridad de las comunidades firmantes y la ejecución de proyectos en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Para las comunidades que habitan las zonas PDET, la continuidad de los programas está ligada a la presencia estatal en regiones históricamente abandonadas. Un eventual estancamiento de la implementación tendría efectos directos sobre más de un millón de excombatientes y sus familias, así como sobre los campesinos y comunidades étnicas beneficiarios de los planes de desarrollo territorial.
El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella no ha formulado hasta ahora una posición pública detallada sobre cada uno de los puntos del acuerdo, según se desprende del extracto de la fuente. La respuesta institucional a este tipo de llamados internacionales suele traducirse en declaraciones del nuevo gabinete durante las primeras semanas de gestión.
Colombia mantiene desde 2017 una Misión de Verificación de la ONU en el país, encabezada por el representante especial del secretario general. Esa misión cumple funciones de seguimiento a la reincorporación, a la seguridad de los antiguos espacios territoriales de capacitación y a la situación de los excombatientes y sus familias.
La comunidad internacional ha reiterado en distintas oportunidades que el proceso de paz colombiano es un referente regional. Por eso, el pronunciamiento del máximo responsable de la ONU se interpreta como un mensaje dirigido tanto al gobierno saliente como al entrante, en procura de preservar los avances alcanzados en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Queda por verse cuál será la postura oficial del nuevo gobierno frente a cada uno de los puntos del acuerdo y qué modificaciones se anunciarán en los próximos meses. La transición entre las dos administraciones se perfila como una etapa decisiva para el futuro inmediato del proceso de implementación.