El presidente Abelardo de la Espriella instruyó a las autoridades competentes para intensificar los operativos contra migrantes en condición irregular en Colombia, en particular contra quienes tengan antecedentes delictivos en el país. La directriz fue reportada por el diario ADN, que tituló la orden presidencial como un llamado a la deportación inmediata de este grupo poblacional.
La medida se conoce mientras las cifras de Migración Colombia, citadas por el mismo medio, sitúan en cerca de 847.000 el número de ciudadanos venezolanos en situación irregular dentro del territorio colombiano en junio de 2026. Esa población representa uno de los grupos migratorios más numerosos entre los extranjeros que viven en Colombia sin documentación vigente.
Colombia ha sido durante la última década el principal país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, producto de la crisis política, económica y social que atraviesa ese país. Fenómenos como la dolarización informal, el trabajo en calles y el comercio ambulante han marcado la presencia de esta comunidad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta.
La condición de irregularidad migratoria no equivale, por sí sola, a la comisión de delitos. Una persona puede estar en Colombia con visa vencida, sin sello de entrada o sin documentos actualizados sin haber infringido la ley penal. Por eso la orden presidencial establece un criterio explícito: priorizar a quienes acumulen antecedentes judiciales o estén vinculados a actividades ilícitas.
En materia institucional, las deportaciones en Colombia son competencia de Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que realiza los procedimientos administrativos y coordina con la fuerza pública los operativos. Cuando se trata de ciudadanos con orden judicial vigente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces de ejecución de penas pueden intervenir en el proceso.
La instrucción del presidente se suma a otras decisiones recientes del mismo gobierno enfocadas en el control fronterizo y la lucha contra el crimen organizado. Sectores del oficialismo han respaldado públicamente la medida, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que se respete el debido proceso y que se distinga entre migración irregular y criminalidad.
Las Defensorías del Pueblo, tanto la nacional como las regionales, han reiterado en otras ocasiones que cualquier operativo de deportación debe garantizar el acceso a la justicia, la revisión de solicitudes de refugio y la protección de núcleos familiares con menores de edad o personas en condición de vulnerabilidad.
Para la población migrante, el anuncio trae consigo efectos prácticos inmediatos. Quienes tengan permisos de protección temporal, residencias vigentes o solicitudes de refugio en trámite deben, en principio, quedar por fuera de las acciones de deportación, según las normas migratorias colombianas. Quienes estén en irregularidad y sin antecedentes podrían quedar sujetos a procedimientos administrativos de expulsión, no necesariamente automáticos.
El volumen proyectado de procedimientos de deportación representa un desafío logístico para Migración Colombia, que debe coordinar traslados, centros de reclusión transitoria y articulación con las autoridades consulares y migratorias de los países de origen. Expertos en movilidad humana consultados por distintos medios han señalado que la capacidad operativa del Estado suele ser inferior al número de casos pendientes.
Queda por verse cómo se ejecutará la orden presidencial en las próximas semanas, qué filtros se aplicarán para distinguir perfiles y cuál será el papel de las autoridades judiciales. El gobierno, por ahora, no ha detallado públicamente metas numéricas, plazos ni recursos adicionales asignados a Migración Colombia para cumplir la instrucción.