La orden del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de iniciar operativos para deportar a migrantes en situación irregular generó el lunes incertidumbre en la población venezolana que reside en el país, según reportó la agencia AP. La directriz incluye la realización de operativos de control migratorio en distintos puntos del territorio nacional.
La preocupación se concentra en los miles de venezolanos que aún no han logrado regularizar su situación migratoria en Colombia. Este grupo incluye personas que llegaron al país en los últimos años huyendo de la crisis económica y social en Venezuela, y que enfrentan distintos grados de avance en sus trámites ante las autoridades migratorias colombianas.
Colombia ha sido el principal destino de los migrantes venezolanos en la región. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, creado durante el gobierno anterior, permitió a cientos de miles de personas acceder a un permiso de protección temporal y, con él, a servicios como salud, educación y la posibilidad de trabajar formalmente. Sin embargo, el proceso de transición hacia una estadía regular definitiva sigue abierto para un número significativo de personas.
La orden presidencial marca un giro en el tratamiento de la migración irregular, al pasar de un enfoque predominantemente humanitario a uno centrado en la deportación. La directriz establece que las autoridades deben proceder contra quienes se encuentren en condición de irregularidad, lo que pone en alerta a comunidades enteras que dependen de actividades económicas informales para su sustento diario.
Organizaciones de derechos humanos y de atención a migrantes han expresado en distintas ocasiones su preocupación por los efectos de operativos masivos de deportación. Señalan que estas acciones pueden separar familias, afectar a menores de edad nacidos en Colombia y empujar a personas vulnerables a retornar a un país con condiciones socioeconómicas deterioradas.
La instrucción presidencial también plantea interrogantes sobre la coordinación con las autoridades departamentales y municipales, que en varios casos han implementado estrategias de inclusión social y laboral para la población migrante. La respuesta de las gobernaciones y alcaldías frente a la nueva directriz será determinante para medir el alcance real de los operativos en cada región del país.
Desde el punto de vista económico, la población venezolana irregular trabaja con frecuencia en sectores como construcción, comercio informal, agricultura y servicios domésticos. Una deportación masiva tendría efectos en esas cadenas productivas, en un contexto en el que Colombia atraviesa dinámicas laborales complejas en distintas regiones.
En el ámbito diplomático, la medida podría tensar la relación bilateral con Venezuela, un vínculo que en los últimos años ha pasado por momentos de tensión y de cooperación parcial en materia de migración y seguridad fronteriza. El gobierno colombiano deberá definir cómo se ejecutarán las deportaciones y bajo qué protocolos, especialmente en zonas de frontera como Norte de Santander, Arauca y La Guajira.
Queda por definirse el cronograma concreto de los operativos, los criterios que utilizarán las autoridades para identificar a los migrantes en situación irregular y el tratamiento que recibirán los grupos vulnerables, como menores de edad, adultos mayores y personas con problemas de salud. Estas definiciones serán clave para determinar el impacto real de la orden presidencial en los próximos días.
La ciudadanía, tanto colombiana como venezolana, espera pronunciamientos oficiales sobre el alcance de la medida, las excepciones contempladas y los mecanismos de protección para quienes ya están adelantando trámites de regularización. Hasta ahora, la orden fue comunicada por el presidente y reportada por la agencia AP, sin que se haya publicado un decreto detallado con los lineamientos específicos de ejecución.