Un juez de Colombia le ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ocultar de las redes sociales de la Presidencia los videos en los que aparece caminando entre cadáveres de supuestos criminales muertos en operaciones militares, según informó la agencia AFP. La decisión fue divulgada por el medio TRT Español, que cita el reporte original de AFP.
El fallo judicial responde a una solicitud que cuestiona la difusión de estas grabaciones a través de cuentas oficiales del Estado. La orden exige retirarlas de las plataformas digitales de la Presidencia, donde habían sido publicadas como parte de la narrativa oficial sobre los resultados de operaciones de seguridad.
En los videos, el mandatario aparece caminando entre los cuerpos de personas señaladas como integrantes de grupos armados ilegales que murieron en procedimientos de la fuerza pública. La publicación de estas imágenes en cuentas oficiales ha sido uno de los elementos más llamativos del estilo de comunicación del gobierno desde el inicio del mandato.
La decisión judicial se inscribe en el debate sobre los límites de la comunicación oficial en contextos de violencia. Organizaciones de derechos humanos han señalado en el pasado que la exhibición de cadáveres puede constituir un trato degradante hacia las víctimas y sus familias, y que corresponde a los poderes del Estado fijar estándares sobre lo que se difunde desde cuentas públicas.
En Colombia, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los jueces civiles pueden ordenar medidas cautelares cuando se acredita la posible afectación de derechos fundamentales. En este caso, la orden se dirige específicamente a retirar el contenido de las redes oficiales, lo que limita la difusión sin que ello implique, por ahora, una decisión de fondo sobre la responsabilidad del presidente.
El alcance de la decisión es operativo: obliga a la administración a bajar los videos de las plataformas digitales de la Presidencia. No supone una sanción penal contra el jefe de Estado ni un pronunciamiento sobre la legalidad de las operaciones militares en las que murieron las personas que aparecen en las grabaciones.
La medida abre un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y el poder judicial. El Ejecutivo deberá definir si acata de forma inmediata la orden o si presenta recursos legales, mientras la opinión pública observa cómo se resuelve la tensión entre el discurso oficial de mano firme contra el crimen y los límites impuestos por la justicia ordinaria.
Por ahora, las reacciones del gobierno no se conocieron de forma inmediata a través de canales oficiales. Queda por establecerse si la Presidencia emitirá un pronunciamiento público, si solicitará una revisión de la decisión y qué criterios aplicará en adelante para la difusión de material sensible desde sus cuentas oficiales.