El medio Zona Cero reportó que más de 850 instituciones hicieron un llamado al presidente electo Abelardo de La Espriella. Las organizaciones pidieron que la protección de la población civil figure como un eje de la política de seguridad del Gobierno que asume funciones en el país.
La solicitud llega en un momento clave: el inicio del nuevo mandato presidencial. Este periodo de transición suele estar acompañado de señales sobre las prioridades que marcaran la agenda de Estado en materia de orden público y derechos humanos.
Las organizaciones firmantes representan al sector social y de derechos humanos, según lo consignado por la fuente. Su petición se enfoca en que las decisiones de seguridad contemplen de manera explícita la salvaguarda de civiles, una demanda histórica en contextos de conflicto armado interno en Colombia.
Colombia arrastra varias décadas de discusión sobre cómo la fuerza pública debe proteger a comunidades rurales, líderes sociales, defensores de derechos humanos y poblaciones vulnerables. El debate ha incluido protocolos, alertas tempranas y el rol de ministerios y organismos de control.
En gobiernos anteriores, la protección de la población civil se ha Canalizado a través de programas como los planes de contingencia, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, el alcance y la efectividad de esos mecanismos ha sido objeto de cuestionamientos.
El llamado de las 850 organizaciones pone el tema sobre la mesa antes de que el nuevo Gobierno empiece a ejecutar su programa. El Gobierno entrante deberá definir si adopta el criterio como parte de su doctrina de seguridad o si lo incorpora de manera parcial en sus lineamientos.
Sectores sociales suelen insistir en que la política de seguridad necesita metas medibles y reportes públicos sobre la situación de civiles en zonas de riesgo. Las cifras oficiales, cuando existen, provienen de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa.
Organismos internacionales también han subrayado la importancia de proteger a la población no combatiente como una obligación del Estado bajo el derecho internacional humanitario. Su pronunciamiento, cuando ocurre, suele alimentar el debate público en Colombia.
Queda pendiente la respuesta formal del presidente electo al llamado difundido por las organizaciones, así como la inclusión del punto en los primeros actos administrativos y en el plan de desarrollo que debe presentar al Congreso en su primer año.