La Cancillería de Colombia confirmó la reincorporación del país al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que sostiene que el aborto no es un derecho humano. La información, difundida este martes, señala que el embajador Alejandro Ordóñez fue quien lideró la gestión ante el foro multilateral.
El Consenso de Ginebra es una declaración surgida en 2020 por iniciativa de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, que reunió a países contrarios a reconocer el aborto como derecho internacional. Desde su creación, ha sido respaldado por naciones con legislaciones internas restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
La Cancillería fue enfática en un punto: la adhesión a este consenso no implica cambios en la legislación colombiana vigente. La cartera insistió en que Colombia mantiene sus normas internas, entre ellas la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en tres causales: malformación fetal incompatible con la vida, riesgo para la salud de la madre y embarazo producto de violencia sexual.
La movida diplomática ocurre en un contexto global de tensiones sobre los derechos sexuales y reproductivos. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que este tipo de declaraciones debilitan los compromisos regionales en materia de salud pública y derechos de las mujeres.
En Colombia, la noticia reabrió el debate entre sectores que defienden la despenalización ampliada del aborto y quienes promueven su restricción total. La Corte Constitucional y la Organización Mundial de la Salud han resaltado que el acceso al aborto seguro es un componente de salud pública que reduce la mortalidad materna.
El papel del embajador Alejandro Ordóñez llamó la atención por su perfil público. Ordóñez fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, período en el que abrió investigaciones contra funcionarios que apoyaban la interrupción voluntaria del embarazo. Su trayectoria contrasta con la postura institucional que ha mantenido históricamente Colombia ante los organismos multilaterales.
La decisión se conoce en un momento en que el gobierno colombiano busca consolidar alianzas estratégicas en foros internacionales, en medio de los cambios diplomáticos generados por la nueva administración estadounidense y los debates sobre el rol de la OEA y la CIDH en la región.
Por ahora, la Cancillería no ha detallado qué compromisos específicos asume Colombia con esta adhesión ni si la decisión fue sometida a consulta con otras entidades del Estado. Sectores defensores de derechos humanos pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar claridad sobre los alcances jurídicos del Consenso de Ginebra en el ordenamiento interno.