El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el desmonte de los procesos de negociación heredados de la polÃtica de "paz total" del expresidente Gustavo Petro. La decisión marca un giro explÃcito en la estrategia de diálogo con grupos armados y estructuras criminales que habÃan sido priorizadas por la administración anterior, según reportó El Colombiano.
Dentro de ese replanteamiento, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la clausura de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en el departamento de Putumayo. Las ZUT habÃan sido concebidas como espacios acotados donde los grupos armados en negociación podÃan concentrar a sus miembros como parte de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo.
En la misma lÃnea, el Ejecutivo revocó a los negociadores que venÃan representando al Estado en las mesas con el ELN y con el Clan del Golfo. Con esa decisión se interrumpe la interlocución directa que se habÃa habilitado durante el gobierno anterior y se abre la puerta a un rediseño de los equipos encargados de cualquier proceso futuro con esas organizaciones.
La medida se inscribe en la promesa de campaña del nuevo gobierno de diferenciar con claridad las polÃticas frente a organizaciones alzadas en armas y frente a estructuras criminales. La "paz total" habÃa sido criticada por sectores que consideraban que equiparaba a grupos guerrilleros con bandas narcotraficantes, mientras que sus defensores argumentaban que abrir canales simultáneos reducÃa la violencia en los territorios.
Para las comunidades del Putumayo, la clausura de la ZUT tiene efectos prácticos inmediatos. La zona habÃa implicado el despliegue de efectivos de la Fuerza Pública y la llegada de efectivos de las organizaciones armadas bajo acuerdos previos, lo que generó tensiones en municipios históricamente afectados por la presencia de grupos ilegales y por economÃas ligadas al narcotráfico.
La revocatoria de los negociadores también cierra una etapa en la relación del Estado con el ELN, que venÃa acumulando episodios de violencia y señalamientos de incumplimiento. Con el Clan del Golfo, la decisión corta un canal que habÃa sido usado por la administración Petro como pieza central de su enfoque de "sometimiento" y diálogo territorial.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de procesos territoriales habÃan pedido en meses anteriores que cualquier cambio en la estrategia se hiciera con protocolos claros para evitar vacÃos de seguridad. El cierre de la ZUT en Putumayo y la salida de los negociadores reabre ese debate sobre cómo se garantiza la protección de las comunidades que habÃan quedado bajo el paraguas de esos espacios.
En el frente polÃtico, la decisión refuerza el perfil del nuevo gobierno frente a su base electoral, que recibió con respaldo el mensaje de revisar los acuerdos parciales firmados por la administración anterior. La oposición, en cambio, ha advertido que desmontar las mesas sin un plan alternativo puede traducirse en un repunte de la violencia en zonas donde el Estado tiene presencia limitada.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente quién asumirá la nueva arquitectura de diálogo ni si se abrirán mesas paralelas con estructuras regionales. Lo que queda claro, según el anuncio reportado por El Colombiano, es que la "paz total" tal como se conoció durante el gobierno Petro deja de ser el eje rector de la polÃtica de paz del Ejecutivo encabezado por Abelardo de la Espriella.