El comisionado de Paz, Otty Patiño, se refirió a la transición que enfrenta la política de “paz total” con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, describió cómo esa estrategia llega al nuevo gobierno y cuáles son los riesgos si el escenario de violencia se agudiza.
La frase central de Patiño fue una advertencia directa: “Quienes van a sufrir en un recrudecimiento violento son las comunidades”. Con esa afirmación, el funcionario trasladó la discusión desde el terreno militar y político hacia las consecuencias humanitarias que tendría una escalada del conflicto armado en los territorios.
La “paz total” es la política pública con la que el gobierno saliente buscó negociar de manera simultánea con múltiples estructuras armadas ilegales y abrir caminos de sometimiento a la justicia. A lo largo de su ejecución, ese enfoque incluyó mesas de diálogo con grupos como el ELN y disidencias de las antiguas FARC, además de procesos con organizaciones criminales, conocidos como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
Patiño ha sido una de las voces más visibles de esa estrategia como alto comisionado para la Paz. Su papel ha incluido la interlocución directa con voceros de los grupos armados, la coordinación con países acompañantes y garante, y la presentación de informes periódicos sobre los avances y tropiezos de cada mesa.
El traspaso de gobierno coloca a la “paz total” en un punto de definición. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, recibió una política en marcha, con mesas abiertas, compromisos pendientes y zonas del país donde la presencia del Estado sigue siendo débil. La continuidad, el ajuste o el replanteamiento de esos procesos dependerá de las decisiones que adopte el nuevo Ejecutivo.
La advertencia sobre el sufrimiento de las comunidades apunta a un dilema central de cualquier proceso de paz: la suspensión o el deterioro de las negociaciones suele traducirse en un aumento de acciones armadas en regiones apartadas, donde habitan poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que ya enfrentan restricciones de movilidad y presencia institucional limitada.
En términos operativos, la política de “paz total” involucra a la Fuerza Pública, a entidades como la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, a la Defensoría del Pueblo y a cooperantes internacionales. Una eventual recomposición de esa arquitectura institucional marcaría el ritmo de los diálogos y de los compromisoshumanitarios ya firmados.
Las reacciones de la opinión pública a las declaraciones de Patiño suelen dividir a analistas y ciudadanos. Sectores defensores de derechos humanos resaltan el llamado a proteger a las comunidades, mientras que sectores políticos piden resultados concretos en materia de seguridad y reducción de los indicadores de violencia.
Queda pendiente conocer la posición oficial del presidente electo y de su equipo de transición sobre la continuidad, la reforma o el cierre de las mesas de diálogo. Esa definición será determinante para saber si los procesos abiertos con grupos armados se mantienen, se renegocian o entran en una etapa de suspensión mientras se diseña una nueva estrategia de seguridad y de construcción de paz.