La Cámara de Representatives aprobó la iniciativa que busca que la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia se lleve a cabo en Cali y no en Bogotá, como ha sido tradicional en la historia reciente del país. Con la votación en la Cámara, el trámite pasa ahora al Senado, donde se definirá si la modificación de la sede se confirma o se rechaza.
El cambio de ciudad para la ceremonia de transmisión del mando presidencial no es un procedimiento habitual en Colombia. La Constitución y la ley han ubicado en Bogotá el epicentro de los actos protocolarios de inicio de gobierno, en particular los relacionados con el Congreso de la República, escenario natural de la posesión según el artículo 172 de la Carta. Por esa razón, el traslado a otra ciudad requiere una decisión expresa del legislador, como la que ahora se discute en el Capitolio.
La propuesta contempla que Cali, capital del Valle del Cauca, sea la sede de una ceremonia que suele convocar a las principales autoridades del Estado, delegaciones extranjeras y a los cuerpos legislativos. La ciudad ha sido escenario de episodios recientes de violencia y de esfuerzos de recuperación institucional, lo que la convierte en un punto de discusión cuando se habla de proyectar una imagen de presencia del Estado en el suroccidente colombiano.
En la Cámara, la iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los representantes, según reportó la fuente. Ahora el Senado tendrá la palabra. Si la corporación aprueba la modificación, la posesión se realizaría en Cali. Si la rechaza, el acto volverá a su escenario tradicional en la capital, salvo que se presente una nueva fórmula que recoja los acuerdos entre bancadas.
El anuncio de la votación coincidió con un nuevo cruce político entre sectores del Pacto Histórico y el representante Daniel Briceño. Este último planteó que los legisladores que no asistan a la posesión deberían renunciar al salario correspondiente al día de la jornada, una propuesta que fue respondida desde el Pacto Histórico con cuestionamientos sobre su proporcionalidad y su encaje en el régimen de incompatibilidades y de asistencia de los congresistas.
Para los ciudadanos, la discusión tiene dos lecturas. Por un lado, el simbolismo de llevar la ceremonia presidencial a una ciudad distinta a Bogotá, lo que acerca el acto a regiones que suelen sentirse distantes del centro político. Por el otro, los costos logísticos y de seguridad que implica montar una posesión en una sede diferente, y la expectativa de que el evento se desarrolle sin contratiempos en una ciudad que ha enfrentado hechos de orden público en los últimos años.
Desde el punto institucional, la decisión final del Senado es clave porque, según lo que se apruebe, se deberá coordinar con la Casa Militar, la Presidencia y las autoridades locales de Cali la organización del evento. La Registraduría, encargada del proceso de transmisión del cargo, también tendría que articular su protocolo con el lugar y la hora que se definan en el trámite legislativo.
En el Congreso, la iniciativa aún debe surtir el debate en plenaria del Senado y, eventualmente, una conciliación si hay diferencias con el texto aprobado en Cámara. Mientras tanto, distintos sectores políticos han expresado posiciones tanto a favor como en contra del cambio de sede, en un debate que mezcla consideraciones simbólicas, logísticas y de oportunidad política para el gobierno que inicia.
Queda por verse si la propuesta prospera en el Senado, en qué fecha se realizaría la ceremonia en caso de ser aprobada en Cali, y cómo se resolverá la controversia sobre la asistencia de los congresistas al evento. El reloj del trámite legislativo corre y cualquier modificación debe quedar definida con antelación al día de la posesión.