El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó duras declaraciones contra el exguerrillero conocido como Timockenko luego de que se conociera que abandonó el país con destino a España. Según reportó Infobae, De la Espriella lo calificó como un bandido y afirmó que debe estar preso de por vida.
Las palabras del presidente electo se conocen en un contexto de fuerte debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. Varios de los exintegrantes de esa agrupación han retomado actividades armadas o han salido del país, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y de opinión.
Timockenko, cuyo nombre real es Henry Castellanos Garzón, fue uno de los comandantes del bloque oriental de las FARC y participó en el proceso de dejación de armas. Su salida hacia España, según distintas versiones periodísticas, se produjo en medio de investigaciones que lo vinculan a actividades de narcotráfico y a la posible reactivación de estructuras armadas en zonas de frontera.
Ante los señalamientos del presidente electo, Pastor Alape, exnegociador de las FARC y actual representante de espacios de reincorporación, respondió con una frase directa: no van a doblegarnos. Alape ha sido una de las voces más visibles del partido Comunes y de los procesos de reincorporación colectiva en diferentes regiones del país.
La declaración de Alape se interpreta como una defensa del proceso de paz y de los derechos de los excombatientes que se acogieron al Acuerdo Final. Alape ha reiterado en otras ocasiones que las garantías de seguridad y de participación política para los firmantes del acuerdo son una condición indispensable para la estabilidad de las zonas donde se adelantaron los procesos de reincorporación.
El cruce de declaraciones ocurre en un momento sensible para Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto varios macrocasos sobre la responsabilidad de exjefes guerrilleros en secuestros, reclutamiento infantil y narcotráfico, lo que mantiene en el centro del debate el alcance real de los beneficios jurídicos otorgados por el acuerdo.
Desde el punto de vista ciudadano, el episodio reaviva la discusión sobre tres puntos: la efectividad de la reincorporación, la situación de seguridad en las regiones donde hicieron presencia las FARC y la coherencia entre la justicia transicional y las exigencias de las víctimas. Estos temas afectan de manera directa a comunidades rurales que esperan el cumplimiento integral de lo pactado.
Por ahora, ni el gobierno saliente ni las instancias involucradas en el seguimiento del acuerdo se han pronunciado de manera oficial sobre las declaraciones cruzadas. Lo que queda en el aire es la postura que adoptará el gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los excombatientes que se acogieron al proceso y frente a la implementación de los compromisos pendientes en materia de seguridad, justicia y reincorporación económica.
Infobae fue la fuente que reportó tanto las declaraciones del presidente electo como la respuesta de Pastor Alape. El medio consignó las frases atribuidas a cada uno de los involucrados en el cruce verbal.
