El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo que funcionaban bajo la política de paz total. La decisión marca un giro en la estrategia de negociación que el Estado colombiano venía adelantando con distintos grupos armados y sectores sociales.
Según informó el propio mandatario, los honorarios pagados a los negociadores de la paz total ascendieron a cerca de COP 7.000 millones. De la Espriella cuestionó de forma directa ese nivel de gasto y lo puso como uno de los argumentos para desmontar los espacios de conversación que estaban activos.
La política de paz total fue lanzada como un intento por abrir canales de diálogo simultáneos con grupos armados, organizaciones criminales y sectores movilizados. Bajo esa bandera se instalaron mesas con delegaciones del ELN, disidencias de las antiguas FARC, estructuras criminales y voceros de comunidades afectadas por la violencia.
Cada mesa contaba con un equipo de negociadores por parte del Gobierno, asesores jurídicos y técnicos, y representantes de la sociedad civil en algunos procesos. El pago de honorarios a estos equipos generó cuestionamientos en distintos sectores desde la puesta en marcha de la estrategia.
Con el cierre anunciado, las delegaciones designadas para las distintas mesas cesan sus funciones. Queda por definir qué ocurre con los compromisos parciales alcanzados y con los procesos de participación ciudadana que se habían vinculado a las conversaciones.
La decisión implica un cambio de rumbo para la política de seguridad y paz del Gobierno nacional. Sectores que defendían el diálogo como herramienta para reducir la violencia deberán evaluar los caminos que quedan abiertos tras el desmontaje de las mesas.
Desde la oposición y de organizaciones de derechos humanos, el cierre suele ser leído como un retroceso en los intentos por buscar salidas negociadas al conflicto armado. El Gobierno, en cambio, ha enmarcado la medida en la necesidad de revisar el uso de recursos y la efectividad de los resultados obtenidos.
Queda pendiente conocer el balance oficial detallado de cada mesa, los acuerdos parciales que se habían alcanzado y el destino de los recursos ya ejecutados. También falta saber si el Ejecutivo abrirá una nueva fase con condiciones distintas o si apostará por otras rutas de política de seguridad.
La fuente de esta información es la declaración del presidente Abelardo de la Espriella sobre el cierre de las mesas y los costos de los negociadores.