La propuesta, encabezada por Acopi, fue planteada al próximo gobierno con el objetivo de modificar las condiciones en las que operan las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Según reportó Portafolio.co, la iniciativa es de carácter integral y cubre cinco ejes principales: impuestos, empleo, crédito, energía y competitividad regional.
Acopi es una de las agremiaciones más representativas del segmento de las mipymes en el país y suele participar en los debates sobre política industrial, tributaria y laboral. Su interlocución con el gobierno nacional es frecuente durante los cambios de administración, cuando los gremios presentan sus hojas de ruta para los primeros años de gestión.
En materia tributaria, el gremio ha planteado históricamente la necesidad de simplificar el régimen y reducir la carga fiscal para los pequeños contribuyentes. Las micro y pequeñas empresas concentran a una proporción significativa del empleo formal e informal en Colombia, por lo que cualquier ajuste en impuestos tiene efectos directos sobre la operación cotidiana de estos negocios.
El eje de empleo es otro de los puntos sensibles. Colombia arrastra tasas de informalidad superiores al 60 % en el segmento de las unidades productivas de menor tamaño. Una reforma que toque contratación, formalización o aportes a seguridad social impactaría de manera inmediata a los dueños de pequeños negocios y a sus trabajadores.
El componente crediticio es central para el sector. Las mipymes suelen enfrentar tasas de interés más altas y requisitos más exigentes que las grandes empresas. Cualquier propuesta que busque ampliar el acceso al financiamiento, revisar las garantías exigidas por los bancos o modificar líneas de Bancóldex y Findeter tiene efectos directos sobre la inversión privada de menor escala.
En energía, Acopi ha subrayado en otras ocasiones el peso de las tarifas no reguladas en la estructura de costos de sectores industriales, comerciales y de servicios. Una modificación en este frente puede reducir o aumentar los gastos fijos de miles de negocios, según el departamento y el nivel de consumo.
Por último, la competitividad regional apunta a cerrar las brechas entre los departamentos con mayor actividad económica y las zonas periféricas. La propuesta recoge medidas para descentralizar decisiones de política pública, simplificar la regulación y facilitar la llegada de inversión a ciudades intermedias.
El documento ya fue entregado a los equipos de transición del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según Portafolio.co. Queda pendiente que las nuevas autoridades evalúen cuáles de los planteamientos se incorporan a la agenda legislativa y cuáles quedan como insumos para programas de gobierno.
La reacción del ejecutivo aún no se conoce en detalle. Las mipymes esperan que la reforma sea tramitada con prioridad durante el primer año de mandato, en línea con la costumbre de discutir proyectos económicos al inicio de cada administración.