El abogado Luis Guillermo Pérez, vinculado al movimiento Pacto Histórico, anunció que interpondrá una nueva demanda con el objetivo de impedir la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia. La información fue publicada por El Heraldo.
De acuerdo con el extracto de la fuente, el demandante sustenta su acción en la polémica por la doble nacionalidad estadounidense del presidente electo. Este es el eje central de la nueva solicitud judicial.
La demanda llega luego de fallos previos que habrían resuelto a favor de De la Espriella acciones similares, según el titular de El Heraldo. Hasta el momento, esos pronunciamientos no han frenado los intentos de impedir su llegada a la Casa de Nariño.
La posesión presidencial es el acto formal en el que el ganador de las elecciones jura ante el país y asume sus funciones. Cualquier recurso legal previo debe surtir el trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa, competente para resolver controversias sobre la elección presidencial en Colombia.
El debate por la doble nacionalidad no es nuevo en la política colombiana. La Constitución establece requisitos para acceder al cargo de presidente, entre ellos la nacionalidad colombiana por nacimiento, condición que los demandantes ponen en duda cuando el elegido también ostenta otra ciudadanía.
Para la ciudadanía, el caso tiene implicaciones directas. Una eventual suspensión de la posesión generaría un vacío institucional en el inicio del mandato, con efectos sobre la gobernabilidad y la transición de poder. Por eso el tema concita atención más allá del ámbito jurídico.
Desde el equipo del presidente electo y sectores políticos afines, la reacción ha sido de confianza en que los tribunales ratificarán su habilitación. Los demandantes, en cambio, insisten en que la doble nacionalidad configura una inhabilidad que debe resolverse antes de la ceremonia de posesión.
Queda por conocer el despacho al que corresponderá la nueva acción y el calendario de audiencias. También se espera si los demandantes solicitarán medidas cautelares para intentar suspender la juramentación mientras se resuelve de fondo.
El Observatorio seguirá el caso con seguimiento riguroso de cada providencia judicial, sin emitir juicios sobre el fondo hasta que exista un fallo definitivo.
El desenlace de esta demanda puede convertirse en uno de los hechos jurídicos más relevantes del calendario político nacional, dada la cercanía de la fecha de posesión.