La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ofreció al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella un espacio de diálogo técnico sobre el funcionamiento y los avances del tribunal transitorio. El gesto fue confirmado por el propio organismo, según lo publicado por El Colombiano.
La oferta llega en un contexto particular: durante la campaña presidencial, De la Espriella formuló críticas recurrentes contra la JEP, el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Sus cuestionamientos se sumaron a los de otros sectores políticos que consideran al tribunal lento o excesivamente garantista.
La JEP es un tribunal creado por el Congreso colombiano mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y reglamentado en la ley estatutaria de la JEP de 2019. Su mandato es juzgar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado por excombatientes de las FARC, agentes del Estado y terceros civiles, siempre que hayan comparecido voluntariamente ante el Sistema Integral.
El tribunal ha tenido decisiones relevantes en casos como el de secuestro, donde acreditó patrones sistemáticos y emitió sanciones propias contra antiguos mandos guerrilleros. También ha avanzado en investigaciones sobre reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y los llamados 'falsos positivos'. Algunos de esos expedientes siguen en etapa de juicio.
El ofrecimiento de diálogo técnico implica que delegados de la JEP y equipos del nuevo gobierno puedan intercambiar información sobre el estado de los macrocasos, las sanciones impuestas y los compromisos pendientes. Esa interlocución es usual en las transiciones de mando en Colombia, donde la justicia transicional requiere coordinación entre ramas del poder.
Para la ciudadanía, el resultado de ese diálogo puede traducirse en decisiones sobre el ritmo de las sanciones, la reparación a víctimas y la articulación con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las víctimas son el eje central del sistema, según lo establece el acuerdo de paz.
Sectores defensores de derechos humanos y de víctimas han pedido que cualquier conversación con la JEP respete la independencia judicial y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. También han recordado que el sistema cuenta con vigilancia de la Corte Constitucional y con informes periódicos ante organismos internacionales.
Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz no reportó condicionamientos al diálogo. El gobierno entrante tampoco ha detallado públicamente una postura oficial sobre el alcance de la mesa técnica que se propone. Queda por verse si las conversaciones se limitan a lo operativo o abordan debates más de fondo sobre el modelo de justicia transicional.
Lo cierto es que la transición abre un capítulo nuevo entre un gobierno que llegó criticando a la JEP y un tribunal que, pese a esos reparos, insiste en mantener canales abiertos con el Estado. El equilibrio entre independencia judicial y voluntad política será la prueba central de los próximos meses.