El presidente Gustavo Petro, en su condición de saliente, presentó un esquema de respuesta frente a lo que describió como una megasequía que podría afectar al país en 2027. La advertencia se centra en los efectos del fenómeno de El Niño sobre el recurso hídrico y sobre las actividades productivas que dependen del agua.
Según Infobae, la propuesta concentra los recursos públicos en tres frentes prioritarios: garantizar el acceso a agua potable, sostener la producción de alimentos y asegurar la generación de energía. El esquema parte de la lectura de que el deterioro climático ya está alterando los ciclos de lluvias y reduce la disponibilidad de agua en distintas regiones del país.
Colombia vive desde hace años ciclos recurrentes de El Niño y La Niña, con impactos documentados en acueductos, cosechas y embalses. Las sequías prolongadas han generado restricciones de agua en zonas urbanas, pérdidas agrícolas en regiones como La Guajira, el Caribe y los altiplanos, y descensos en los niveles de los embalses que alimentan hidroeléctricas. Esa trayectoria explica por qué el tema vuelve a instalarse en la agenda pública hacia el cierre de un gobierno y el arranque de otro.
La advertencia tiene un destinatario explícito: el Gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella. Petro pidió que los recursos previstos para ese esquema no se desvíen hacia la industria petrolera. La petición la formuló con la frase “no gastarla en petróleo”, según registró Infobae, y la enmarcó en la idea de que la renta derivada de hidrocarburos debería usarse en la transición y en la adaptación climática.
La recomendación se inscribe en un debate de fondo sobre el uso de los recursos que el Estado colombiano obtiene de actividades extractivas. Sectores ambientalistas y académicos suelen plantear que esos ingresos financien medidas de adaptación. El sector petrolero, en cambio, suele argumentar que las regalías son clave para inversión regional y que gravar o desviar esos fondos afecta la inversión. El esquema propuesto por el presidente saliente se ubica en la primera orilla.
Para la ciudadanía, el eventual escenario de megasequía tiene efectos directos en el acceso a agua potable, en el precio de los alimentos y en la estabilidad del servicio de energía. Las poblaciones más vulnerables son las rurales dispersas, las comunidades de zonas áridas y los hogares urbanos que dependen de acueductos con baja capacidad de almacenamiento. Por eso, la definición de prioridades presupuestales en los primeros meses del nuevo gobierno tendrá consecuencias operativas en el corto plazo.
El pronunciamiento se produce, además, en un momento de transición institucional. El esquema de respuesta climática que presentó el gobierno saliente necesitará articulación con ministerios como Hacienda, Ambiente, Minas y Energía, Agricultura y Vivienda, además de con corporaciones autónomas regionales y con los municipios. Sin un equipo de empalme, la continuidad operativa de cualquier plan frente a una emergencia hídrica depende de la voluntad del gobierno entrante.
Quedan varios elementos por definir. Falta conocer si el nuevo gobierno adoptará el esquema tal como fue presentado, lo ajustará o propondrá uno distinto. Tampoco se ha precisado el monto de los recursos involucrados ni la fuente específica de financiamiento. La megasequía prevista para 2027 aparece como un horizonte temporal que obliga a tomar decisiones presupuestales y regulatorias con anticipación, antes de que los efectos climáticos se intensifiquen.
Por ahora, la advertencia queda instalada en la conversación pública como un insumo para la transición. El Gobierno de De la Espriella recibirá la solicitud formal de priorizar agua, alimentos y energía, y de mantener al margen la inversión petrolera. La respuesta institucional a esa petición marcará uno de los primeros capítulos ambientales de la nueva administración.