El 20 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro convocó desde su cuenta a una huelga general e indefinida si el gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella decide derogar las reformas impulsadas durante su cuatrienio, según reportó LaPatilla.com.
La convocatoria llega en un momento singular del calendario político colombiano. Petro se encuentra en la recta final de su mandato y De la Espriella se alista para asumir la presidencia tras resultar vencedor en el reciente proceso electoral, por lo que la transición de poder es el escenario natural donde se mide esta clase de anuncios.
La figura de la huelga general indefinida es un recurso de presión que la Constitución y la ley reconocen como derecho de los trabajadores, pero su convocatoria desde un presidente en ejercicio añade un peso político distinto al de un llamado sindical o ciudadano corriente.
El choque entre ambos mandatarios se da sobre el legado de reformas del gobierno de Petro. En su período se tramitaron y aprobaron iniciativas como la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud y la transición energética, que han sido objeto de debates intensos en el Congreso y en la opinión pública.
Derogar, modificar o revisar esos marcos normativos forma parte de las atribuciones del nuevo gobierno. Sin embargo, las declaraciones de Petro elevan el costo político de una eventual reversión y dejan entrever que sectores cercanos a su movimiento responderían con movilización en las calles.
La declaración también se inscribe en el uso recurrente de redes sociales por parte de Petro para fijar posición política. En pasadas coyunturas el saliente ha utilizado sus plataformas para convocar marchas, responder a críticos y presionar al Congreso sobre proyectos en trámite.
Para los ciudadanos, el anuncio abre un escenario de incertidumbre en la transición. Una huelga general indefinida afecta la prestación de servicios, el transporte, la actividad comercial y la cotidianidad urbana, y suele requerir acuerdos entre trabajadores, empleadores y gobierno para desactivarse.
Desde el lado del gobierno entrante, la reacción pública aún no se conoce en detalle a través de la fuente. El llamado de Petro condiciona de entrada la interlocución entre ambos equipos y deja en el aire cuál será el primer movimiento formal del nuevo Ejecutivo frente al marco de reformas vigentes.
Queda por verse si la convocatoria se traduce en una jornada de protesta real o si queda en el terreno del mensaje político. El desenlace dependerá de la decisión que tome De la Espriella sobre las reformas y de la capacidad de convocatoria de los sectores que respalden el llamado del saliente.
Por ahora, la jornada del 20 de julio, habitualmente de instalación legislativa y de discurso presidencial, queda marcada por una declaración que pone en tensión el relevo institucional y el rumbo de las principales reformas sociales y económicas del país.