El expresidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la presencia del presidente Abelardo de la Espriella durante el operativo de traslado del cabecilla conocido como alias Araña. La declaración fue recogida por el medio Infobae.
Petro sostuvo que el jefe de Estado tiene que mostrarse en este tipo de procedimientos porque, según su afirmación, ha sido socio de narcotraficantes. La frase fue incluida en el título del reporte original.
El exmandatario agregó que la extradición del cabecilla pone en riesgo los avances que, según dijo, se habían alcanzado en el departamento de Putumayo con los Comandos de Frontera, unidades militares especializadas en la lucha contra el narcotráfico en zonas de frontera.
Putumayo es uno de los departamentos históricamente afectados por los cultivos de uso ilícito y por la disputa entre organizaciones dedicadas al narcotráfico. En esa zona operan los Comandos de Frontera, creados para fortalecer la presencia militar y contener a los grupos armados ilegales.
La declaración de Petro se inscribe en una disputa política abierta con el gobierno de Abelardo de la Espriella. El exmandatario ha cuestionado de forma reiterada las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad y de política antinarcóticos desde que dejó la Casa de Nariño.
Según la información publicada por Infobae, la afirmación del exmandatario no presentó, en el extracto disponible, pruebas documentales ni citas adicionales que respalden la acusación de una supuesta sociedad pasada con narcotraficantes. El reporte reproduce la declaración tal como fue formulada.
La referencia a alias Araña corresponde a un cabecilla cuya identidad completa y trayectoria no aparecen detalladas en el extracto de la fuente. El medio Infobae es el responsable de la documentación y verificación de los datos sobre este sujeto.
Por ahora no se conoce una respuesta oficial del presidente Abelardo de la Espriella ni de su equipo de gobierno frente a las declaraciones de Petro. La controversia queda abierta y podría escalar en los próximos días en el debate político nacional.
El caso reaviva la tensión entre el Ejecutivo y el exmandatario en torno a dos ejes: el manejo de la política de extradiciones y el control territorial en las zonas de frontera, donde el Estado colombiano mantiene operaciones militares sostenidas.