El presidente Gustavo Petro informó que radicó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien señala de presunta persecución política, según reportó el diario La Jornada. La comunicación se da en pleno proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del mandatario que asumirá el cargo.
De acuerdo con la información publicada por La Jornada, la denuncia fue presentada por el propio Petro ante el tribunal con sede en La Haya. La acusación gira en torno a lo que el actual Gobierno describe como persecución política, una figura contemplada en el Estatuto de Roma como posible crimen contra la humanidad cuando se comete de forma sistemática.
Abelardo de la Espriella resultó elegido en las urnas como sucesor de Petro y se prepara para asumir la presidencia de Colombia en la fecha constitucional establecida. Su elección estuvo rodeada de una campaña polarizante y de debates sobre el rumbo institucional del país, lo que explica la atención que despierta cualquier acción legal entre ambos bandos.
La Corte Penal Internacional es el tribunal de última instancia para juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su competencia se activa cuando los Estados no pueden o no quieren adelantar investigaciones genuinas, y requiere que los hechos denunciados tengan relación con hechos posteriores al 1 de noviembre de 2002, fecha en que Colombia reconoció su jurisdicción.
Colombia vive un período de transición marcado por el cambio de administración. En ese contexto, las relaciones entre el gobierno saliente y el entrante suelen concentrarse en el empalme ministerial, la entrega de balances y la definición de prioridades de gobierno. La denuncia ante la CPI añade un capítulo judicial internacional a esa transición.
El anuncio se produce en un ambiente político crispado. Sectores cercanos al actual Gobierno han acusado al gobierno entrante de impulsar investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios y aliados del Pacto Histórico, mientras que el entorno de De la Espriella sostiene que se trata de una retaliación política sin fundamento probatorio.
Según la fuente, no se conocen de inmediato los detalles procesales de la queja, como los hechos puntuales denunciados ni los nombres de las personas que respaldarían la denuncia. La CPI evalúa la admisibilidad de los casos que recibe y suele verificar si se cumplen los criterios de gravedad, complementariedad y jurisdicción antes de abrir una investigación formal.
Para la ciudadanía, el caso añade un nuevo frente de atención mediática en un año cargado de decisiones sobre el rumbo económico, la seguridad y las relaciones internacionales del país. Analistas consultados en otras ocasiones han recordado que este tipo de denuncias suelen tardar años en producir decisiones de fondo por parte del tribunal internacional.
Queda por conocer la reacción oficial del equipo de De la Espriella y del propio presidente electo, así como los tiempos en que la CPI se pronuncie sobre la admisibilidad de la denuncia. Mientras tanto, el proceso de empalme y la entrega del poder Ejecutivo en la fecha prevista siguen su curso institucional.