Según informó 360 Radio, el presidente Gustavo Petro giró la orden de que ningún establecimiento militar o policial del territorio nacional sea utilizado para la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista tras su elección como próximo presidente de Colombia. La instrucción llega después de que el presidente electo mencionara su intención de adelantar parte de la ceremonia en recintos de las Fuerzas Armadas.
La medida constituye un gesto inusual en la historia reciente de las transmisiones de mando en Colombia, donde el presidente saliente suele coordinar con el Ministerio de Defensa y con la Casa Militar el dispositivo logístico y de seguridad del evento. Con esta decisión, el Gobierno actual fija una restricción expresa sobre el uso de la infraestructura castrense para el acto de juramentación del sucesor.
De la Espriella, elegido en las urnas, debe asumir la Presidencia de la República en la fecha que fija la Constitución. La posesión se realiza ante el Congreso de la República, en una sesión solemne a la que asisten las altas cortes, los exmandatarios y los invitados especiales del nuevo gobierno. El protocolo incluye un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, además del acompañamiento de la Casa Militar.
El uso de bases militares en ceremonias oficiales no es habitual en Colombia, aunque la tradición ha permitido que algunos actos protocolarios se realicen en lugares como la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova o en instalaciones del Cantón Norte en Bogotá. Esa tradición queda ahora en entredicho por la orden impartida por el actual jefe de Estado, que separa explícitamente las instalaciones castrenses del escenario de la posesión entrante.
Para los ciudadanos, la decisión tiene implicaciones prácticas. La ceremonia de posesión concentra durante varias horas un operativo de seguridad en el centro de Bogotá, con cierre de vías, despliegue de uniformados y restricciones de movilidad. La exclusión de bases militares y policiales como escenarios del acto obliga al equipo entrante a definir un dispositivo alternativo, en coordinación con la Alcaldía Mayor y con el propio Congreso.
La instrucción también refleja la tensión política entre un gobierno saliente y un gobierno electo. En periodos anteriores, las transmisiones de mando han incluido gestos protocolarios del presidente saliente hacia su sucesor, como la entrega del bastón presidencial o la visita conjunta a la Escuela Militar. Esos gestos no han sido descartados por ahora, aunque la orden de Petro limita el uso formal de los recintos.
Sectores de opinión han leído la determinación como una señal del actual Gobierno frente al carácter del nuevo mandato. Otros analistas consideran que se trata de una decisión de carácter administrativo, encaminada a preservar la neutralidad de las instalaciones de la Fuerza Pública en el contexto de un relevo de mando. La lectura política de la medida dependerá, en buena parte, de los gestos protocolarios que se concreten en los próximos días.
La Casa de Nariño no ha detallado hasta el momento los alcances logísticos de la orden ni si la prohibición aplica también a desfiles, actos religiosos o eventos protocolarios posteriores a la juramentación. El equipo del presidente electo deberá ajustar su programa de actividades de transmisión de mando a esas restricciones y a la disponibilidad de escenarios civiles en la capital del país.
Queda por definirse el escenario exacto de la juramentación, la logística de seguridad y el nivel de participación de las Fuerzas Armadas en los actos posteriores. La orden de Petro se suma así a una serie de decisiones administrativas propias del cierre de un gobierno y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo saliente y el equipo de Abelardo de la Espriella.