El presidente Gustavo Petro impartió, el 24 de julio de 2026 en Bogotá, una orden directa a las Fuerzas Militares de Colombia. La instrucción, según reportó El Colombiano, prohíbe que cualquier guarnición o establecimiento militar adelante preparativos logísticos para la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado. La frase textual con la que se sintetizó la directriz fue: no deben alistar ni una sola silla.
La orden se conoce en un momento sensible del calendario institucional. La transmisión de mando presidencial en Colombia está fijada por ley para el 7 de agosto siguiente a la elección, y la logística del evento suele involucrar a unidades militares y de policía, encargadas tradicionalmente del montaje, la seguridad perimetral y la atención de invitados. Con esta decisión, el Gobierno saliente busca impedir que las Fuerzas Armadas colaboren con la organización de un acto que corresponde, según el marco vigente, a la administración entrante.
La instrucción tiene un alcance operativo específico. Al hablar de guarniciones y establecimientos militares, la orden cubre regimientos, brigadas, batallones y demás dependencias bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa. La prohibición incluye el alistamiento de mobiliario, tarimas, equipos de sonido, así como cualquier tipo de montaje ceremonial que normalmente se prepara con semanas de anticipación en escenarios como la Plaza de Bolívar o las instalaciones militares de Bogotá.
Para la ciudadanía, el alcance inmediato es limitado en lo práctico, pero simbólico en lo político. Los ciudadanos no enfrentarán un cambio en sus rutinas por esta orden. Sin embargo, la decisión marca la relación entre el Ejecutivo saliente y las Fuerzas Militares en la fase final del periodo de transición, e introduce un elemento de tensión con el equipo del presidente electo que deberá asumir la coordinación logística de su propia posesión.
Desde la óptica institucional, el episodio pone en relieve el papel de las Fuerzas Armadas en los protocolos de Estado. Por tradición, la tropa participa en ceremonias de transmisión de mando con bandas militares, escoltas y servicios logísticos. Una instrucción presidencial que suspende esa colaboración deja en manos de la Casa Militar entrante y de la administración electa la responsabilidad de montar el evento, lo que puede derivar en ajustes de último momento en la organización.
La orden también reabre el debate sobre los límites del mando presidencial sobre las Fuerzas Militares en periodos de transición. La cadena de mando establece que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente en ejercicio. Esa misma regla implica que, hasta el 7 de agosto, Petro conserva la potestad de impartir directrices al Ministerio de Defensa y, por extensión, a los comandos militares sobre asuntos logísticos y administrativos que no comprometan la seguridad nacional.
En el plano político, la reacción del equipo de De la Espriella será determinante para los próximos días. El presidente electo enfrenta el reto de asegurar una ceremonia de posesión con todos los elementos protocolarios que exige la tradición republicana, sin la cooperación logística que tradicionalmente prestan las Fuerzas Militares. Cualquier pronunciamiento público, gestión ante el Ministerio de Defensa o solicitud formal a la Casa Militar pasará a formar parte del seguimiento que hacen medios y opinión pública a esta transición.
Quedan varios interrogantes sobre el desenlace. No está claro si la instrucción se mantendrá hasta el 7 de agosto o si habrá algún tipo de modificación parcial. Tampoco se conoce si la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General o la Contraloría podrían pronunciarse sobre el alcance de la orden. Lo cierto, según la fuente, es que la directriz presidencial ya fue comunicada y que cualquier preparación militar contraria a ella queda, por ahora, suspendida.
El Colombiano, medio que publicó la información, es uno de los diarios de referencia en Antioquia y en el país, con cobertura regular de la transición de mando y de las decisiones del Ejecutivo. Su reporte constituye, por ahora, la fuente pública disponible sobre el contenido exacto de la orden, las palabras usadas por el presidente y la fecha en que fue impartida.