El expresidente Gustavo Petro cambió su tono frente a Nariño. De pedir a los ciudadanos que se expresaran, pasó a proponer de forma directa un paro cívico en respaldo del gobernador Luis Alfonso Escobar, en abierta confrontación con el presidente Abelardo de la Espriella. El giro quedó consignado por el diario Página 10, que registra la nueva fase del pulso entre el Gobierno nacional y el departamento.
La convocatoria pone en evidencia la paradoja que señala el propio medio: Petro reclama movilización social para defender la paz en un territorio donde su administración dejó compromisos pendientes. La frase original del expresidente invitaba a los nariñenses a manifestarse; la más reciente va un paso más allá y plantea la suspensión de actividades como forma de presión política.
Nariño ha sido durante años uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia. Allí confluyen cultivos de uso ilícito, presencia de grupos armados y disputas por el control territorial que afectan a comunidades campesinas e indígenas. La implementación de los acuerdos firmados con las FARC en 2016 avanzó de manera desigual en esa zona, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial quedaron sin culminar en varios municipios.
El gobernador Luis Alfonso Escobar aparece como el eje del reclamo. Su defensa por parte del expresidente sugiere que existen diferencias específicas con el Ejecutivo sobre el manejo de la seguridad, la inversión o la política de paz territorial. El extracto publicado por Página 10 no detalla cuáles son los puntos de fricción concretos, pero sitúa la disputa en el terreno de las competencias entre el nivel nacional y el departamental.
Para los habitantes del departamento, la posibilidad de un paro cívico tiene implicaciones directas. La suspensión de actividades económicas, el cierre de vías y la paralización del transporte afectan el comercio, la movilidad y el acceso a servicios en una región donde la economía depende en buena parte del flujo diario entre municipios y de la conexión con el resto del país. Una medida de ese tipo suele golpear con más fuerza a la población civil que a las instancias gubernamentales en disputa.
La convocatoria también reabre el debate sobre el papel de los exmandatarios en la política nacional. Aunque Petro ya no ocupa la Casa de Nariño, conserva una base electoral y una capacidad de movilización que le permite incidir en la opinión pública. El llamado a un paro en defensa de un gobernador regional abre un canal de presión extralegal que el Gobierno de De la Espriella deberá leer en clave política.
Desde el punto de vista institucional, el episodio pone a prueba la relación entre el presidente y los mandatarios locales. Colombia reconoce la autonomía de los departamentos, pero el ordenamiento jurídico le otorga al Ejecutivo herramientas para intervenir en asuntos de orden público. Cómo se resuelva la tensión en Nariño marcará un precedente sobre los límites de esa autonomía frente a proyectos políticos de alcance nacional.
Por ahora, la pelota está en los nariñenses. Página 10 reporta la convocatoria, pero no precisa si las autoridades departamentales, los gremios económicos o los líderes sociales del territorio ya se pronunciaron sobre el llamado. Lo que queda en el aire es si el paro se concreta como jornada de protesta, si queda en declaración política o si median canales de diálogo antes de cualquier movilización.