El presidente saliente Gustavo Petro firmó una directiva que impide a las Fuerzas Militares y de Policía facilitar sus instalaciones para la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. La orden aplica a cualquier cuartel del país, según reportó el diario El País.
La decisión se conoce en medio de la controversia por la intención del gobierno entrante de mudar la ceremonia de juramentación, tradicionalmente realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a otro escenario. El equipo del presidente electo ha planteado la posibilidad de posesionarse en una ciudad distinta a la capital.
Con la prohibición sobre los cuarteles, el Ejecutivo cierra una de las vías logísticas que el equipo de transición había explorado. Las instalaciones militares cuentan con capacidad para albergar actos masivos, esquemas de seguridad y transmisiones oficiales, condiciones que suelen acompañar la transmisión de mando presidencial.
La medida se enmarca en las atribuciones del presidente saliente sobre el orden público y la cadena de mando militar hasta el último día de su periodo. Petro permanece como comandante supremo de las Fuerzas Armadas hasta el momento en que De la Espriella asuma el cargo, lo que le permite dictar instrucciones sobre el uso de los bienes públicos adscritos a la fuerza pública.
El traslado de la sesión del Congreso para la posesión ha sido interpretado como una maniobra del nuevo gobierno para desligar el inicio de su mandato del escenario capitalino. La Plaza de Bolívar, donde se han realizado la mayoría de ceremonias desde el siglo XIX, simboliza la continuidad institucional en Bogotá.
Fuentes citadas por El País indican que la directiva fue comunicada a los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El incumplimiento de la orden podría derivar en investigaciones disciplinarias internas contra los oficiales que la pasen por alto.
La decisión agrega un nuevo capítulo a la transición entre ambos gobiernos, marcada por diferencias sobre el lugar y la forma de la posesión. Hasta ahora no se conocía un pronunciamiento oficial del equipo del presidente electo sobre los efectos prácticos de la prohibición ni sobre si persiste la idea de mudar la ceremonia.
Para la ciudadanía, el desenlace de esta disputa influye en aspectos logísticos como el acceso a la transmisión del acto, la presencia de delegaciones internacionales y los dispositivos de seguridad desplegados en el lugar elegido. Una posesión por fuera de Bogotá implicaría desplazamientos adicionales y un esquema distinto de movilidad.
La Constitución establece que el presidente electo toma posesión el 7 de agosto ante el Congreso, sin que la carta política fije un lugar obligatorio distinto a la sede legislativa. Cualquier cambio de escenario exige, en la práctica, acuerdos entre el gobierno saliente, el entrante y las autoridades locales receptoras.