El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que ninguna instalación de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional sea utilizada para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La directriz se conoce en medio del plan del mandatario electo de asumir el cargo en el departamento del Cauca.
Según la fuente, De la Espriella ha planteado la posibilidad de realizar el acto de posesión dentro de una guarnición militar, una opción que ahora queda descartada por la orden del actual jefe de Estado. La fecha prevista para la transmisión del mando es el próximo 7 de agosto.
La decisión de Petro se produce en un contexto de transición presidencial. De la Espriella, elegido en las urnas, ha expresado su intención de marcar distancia con la capital y llevar la posesión a una región históricamente golpeada por la violencia y la presencia de grupos armados, como es el Cauca.
El uso de instalaciones militares para actos civiles o ceremonias de Gobierno no tiene antecedentes recientes en Colombia. Tradicionalmente, la posesión presidencial se realiza en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, ante el Congreso de la República, y en ella participan uniformados que cumplen funciones protocolares y de seguridad.
La orden de Petro restringe un escenario logístico específico, pero no impide que la ceremonia se realice en otro tipo de espacios en el Cauca, ni que las Fuerzas Militares presten seguridad perimetral en el lugar elegido, como ocurre en cualquier evento de alto nivel en el país.
El departamento del Cauca ha sido epicentro del conflicto armado y de las negociaciones con grupos armados ilegales. La decisión del presidente electo de posesionarse allí buscaba, según sus propias declaraciones recogidas por la fuente, enviar un mensaje de presencia estatal en uno de los territorios más afectados por la violencia.
Hasta el momento, el equipo de transición de De la Espriella no ha confirmado si la orden de Petro cambia los planes sobre el lugar de la ceremonia. La fuente tampoco detalla si la prohibición aplica únicamente a la jornada de posesión o se extiende a eventos protocolares posteriores.
La decisión marca un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno saliente y el presidente electo, a menos de dos meses del cambio de mando. Queda por definirse el escenario alternativo que propondrá De la Espriella para su posesión y si habrá algún pronunciamiento conjunto entre ambas partes.
Para los ciudadanos, la transición presidencial es un hecho de relevancia institucional: define quién asumirá las riendas del Estado el 7 de agosto y bajo qué condiciones se dará el relevo. Cualquier cambio de logística que afecte la ceremonia es seguido de cerca por la opinión pública y los medios.