El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la alerta por un déficit de 5 billones de pesos en Colpensiones y atribuyó el hueco fiscal a un “robo billonario” ejecutado por bancos y fondos privados, según consigna El País. Con esa afirmación, el exmandatario respondió de forma directa al Gobierno nacional, que días atrás había encendido las alarmas sobre el desbalance en el sistema pensional.
Colpensiones es la entidad pública que administra las pensiones del régimen de prima media, es decir, las jubilaciones de los trabajadores cotizantes en Colombia bajo el esquema tradicional. Su sostenibilidad depende del equilibrio entre los ingresos por cotizaciones y los pagos a pensionados. Cuando los egresos crecen más rápido que los aportes, el sistema enfrenta presiones de caja que deben ser cubiertas con recursos del Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con la información publicada por El País, el Gobierno había alertado sobre un faltante cercano a los 5 billones de pesos. Esa cifra encendió el debate porque representa una parte significativa del presupuesto que el Estado debe girar cada año para cubrir el pasivo pensional. En pasadas discusiones públicas, el propio Ejecutivo había reconocido la presión fiscal que el sistema ejerce sobre las finanzas públicas.
Petro, en su condición de expresidente, lanzó la denuncia de un supuesto “robo billonario” sin presentar, en el extracto disponible, pruebas concretas ni nombres de entidades responsables. Su declaración se suma a la confrontación política que ha mantenido con el actual Gobierno en torno al manejo de los recursos públicos y el futuro del sistema pensional. La acusación reaviva el debate sobre el papel de los fondos privados y los bancos en la administración de los ahorros de los trabajadores.
El sistema pensional colombiano opera bajo un modelo mixto. Por un lado está Colpensiones, con el régimen de prima media. Por el otro están las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP, que manejan las cotizaciones bajo el esquema de ahorro individual. Ambos pilares han sido objeto de reformas estructurales en los últimos años, incluida la Ley 2381 de 2024 y los debates abiertos por la administración de Petro sobre una posible transición hacia un sistema público único.
Para los ciudadanos, un déficit de esta magnitud tiene implicaciones directas. Si Colpensiones requiere más recursos del presupuesto, se reduce el espacio para inversión en sectores como salud, educación e infraestructura. Además, la sostenibilidad del sistema es una preocupación para quienes están próximos a pensionarse y para los trabajadores que cotizan mes a mes, pues cualquier cambio en las reglas de juego los afecta.
El contraste entre la lectura del Gobierno y la de Petro es notorio. Mientras el Ejecutivo habla de un “hueco fiscal” que requiere decisiones de política para garantizar el pago de pensiones, el exmandatario lo presenta como el resultado de un desfalco. Esa diferencia de enfoque dificulta un diagnóstico compartido y complica la búsqueda de soluciones técnicas en el Congreso y en las mesas de concertación.
Por ahora, el debate queda instalado. El Gobierno deberá precisar las medidas que adoptará para cerrar el faltante y garantizar los giros a Colpensiones. Al mismo tiempo, las acusaciones de Petro sobre bancos y fondos privados abren un nuevo frente de discusión sobre la transparencia y el control del manejo de los recursos pensionales en el país.