El presidente de la República anunció el retiro de los voceros de las disidencias de alias Calarcá de la mesa de diálogo que se encontraba activa con ese grupo armado. La decisión se sustentó en la falta de voluntad de paz que, según el Gobierno, ha mostrado esa estructura en las conversaciones. Con la medida, los representantes designados dejan de tener asiento en la mesa mientras se evalúan los pasos a seguir.
Las disidencias de las FARC encabezadas por alias Calarcá son una de las facciones que se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016 y que, en los últimos años, han mantenido acercamientos exploratorios con el Estado colombiano. La mesa de diálogo hace parte de la política de paz total impulsada por el Gobierno, que busca abrir canales de negociación con distintos grupos armados ilegales y estructuras criminales.
La política de paz total fue presentada como una estrategia para atender de manera simultánea las distintas violencias que afectan al país. En ese marco, el Gobierno ha adelantado conversaciones con varios grupos, entre ellos el ELN y disidencias de las FARC. Las mesas funcionan como espacios de conversación y no implican el reconocimiento político automático de las organizaciones participantes, un punto que ha generado debate público.
El retiro de voceros se produce en un contexto de cuestionamientos sobre los avances reales de las mesas con grupos armados. Sectores políticos y de opinión han señalado que la lentitud de los diálogos y la persistencia de acciones violentas en varias regiones plantean dudas sobre la eficacia del enfoque. El Gobierno ha defendido que el proceso requiere tiempo y que los resultados se medirán en reducción de violencia y en acuerdos concretos.
Para la ciudadanía, la decisión tiene implicaciones directas en zonas donde las disidencias de Calarcá tienen presencia, particularmente en departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare. En esas regiones, comunidades campesinas e indígenas han vivido de primera mano los efectos del conflicto armado, incluida la restricción a la movilidad, la presencia de minas antipersona y el reclutamiento de menores. Cualquier cambio en la mesa de diálogo incide en la expectativa de seguridad de esas poblaciones.
La retirada de los voceros no significa el cierre automático de la mesa ni el rompimiento definitivo del canal. El diálogo puede continuar con otros integrantes de la estructura o quedar en pausa mientras se definen nuevas condiciones. Organizaciones de víctimas y veedores internacionales han insistido en que cualquier proceso debe garantizar la participación efectiva de las comunidades afectadas y el cumplimiento de los acuerdos que se suscriban.
En el plano institucional, la decisión presidencial recuerda que la conducción de los diálogos con grupos armados es una atribución del Ejecutivo y que el jefe de Estado conserva la potestad de modificar la composición de las mesas. Esta facultad ha sido utilizada en otras ocasiones, tanto en el gobierno actual como en anteriores, cuando se han retirado delegados por hechos de violencia o por incumplimientos.
Queda por verse si el grupo de Calarcá designará nuevos voceros o si la mesa entrará en un receso indefinido. Mientras tanto, las fuerzas militares y de policía mantienen operaciones en las zonas de influencia de esa disidencia, en el marco del deber constitucional de proteger a la población y garantizar el orden público. La próxima semana se esperan pronunciamientos oficiales que aclaren el rumbo del proceso.