Petronar, distribuidor de combustibles con operación en Nariño, expresó publiclyamente su rechazo a un proyecto del Gobierno nacional que pretende modificar el esquema de compensación al transporte de hidrocarburos en ese departamento, según informó el Informativo del Guaico. La compañía considera que los ajustes planteados pueden alterar las condiciones de competitividad en una región donde la logística encarece de manera significativa el precio final del combustible.
La compensación al transporte de combustibles es un mecanismo mediante el cual el Estado reconoce un valor adicional por cada galón distribuido en zonas alejadas de los centros de producción o refinación. En departamentos como Nariño, donde la distancia con los puertos de embarque y las condiciones geográficas incrementan los costos logísticos, este reconocimiento es determinante para que las estaciones de servicio puedan operar sin trasladar diferencias excesivas al consumidor final.
De acuerdo con el reporte del Informativo del Guaico, el proyecto del Gobierno contempla cambios en la forma de calcular o asignar ese reconocimiento, lo que según Petronar pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la distribución en el departamento. La empresa advierte que una reducción o redefinición del esquema podría traducirse en menor cobertura, ajustes en los precios al usuario o el retiro de operadores en municipios pequeños.
Nariño es uno de los departamentos con mayor dispersión poblacional y vialidad compleja del país. Gran parte de sus municipios se ubica en zonas de cordillera o en la costa Pacífica, donde el acceso por carretera es limitado y los trayectos hasta los puntos de abastecimiento suelen ser prolongados. En ese contexto, el precio de la gasolina y el diésel tiende a ubicarse por encima del promedio nacional, y la compensación estatal opera como un instrumento para cerrar esa brecha.
El rechazo de un distribuidor regional a una política del nivel nacional no es un hecho aislado. En distintos momentos, los actores de la cadena de combustibles han señalado que los cambios regulatorios en materia de tarifas, márgenes o compensaciones generan incertidumbre operativa. Cuando los ajustes se concentran en zonas específicas, el efecto se siente primero en los consumidores que dependen de un número reducido de proveedores.
La postura de Petronar se conoce en un momento en el que el Gobierno discute cambios al marco regulatorio del sector de hidrocarburos, con el propósito, según fuentes oficiales, de actualizar criterios técnicos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos. El Informativo del Guaico no detalla el contenido punto por punto del proyecto, pero confirma que la empresa considera lesivos los términos propuestos para Nariño.
Para los habitantes de Nariño, el debate tiene efectos prácticos. Cualquier modificación en la compensación puede impactar el precio de la gasolina y el ACPM en las estaciones, los costos de transporte de carga y pasajeros, y la estructura de costos de actividades agrícolas, comerciales y turísticas que dependen del combustible. En municipios donde la gasolina ya se vende por encima del promedio nacional, un ajuste al alza del precio efectivo sería especialmente sensible.
La discusión también pone sobre la mesa el papel de los entes territoriales y de los gremios regionales en la definición de políticas que los afectan directamente. Las cámaras de comercio, los transportadores y los distribuidores suelen ser voceros de esas preocupaciones en instancias como los comités departamentales de combustibles, donde se evalúan las condiciones particulares de cada región.
Por ahora, el Informativo del Guaico registra la posición de rechazo de Petronar y anticipa que el tema quedará en el debate público en Nariño. Queda por conocer la respuesta oficial del Ministerio de Minas y Energía o de la entidad competente frente a los argumentos del distribuidor, y si el proyecto será ajustado, archivado o tramitado en el Congreso con o sin modificaciones.
En las próximas semanas se espera que las autoridades nacionales se pronuncien sobre los reparos presentados, mientras los usuarios y los actores regionales seguirán atentos al efecto que cualquier cambio normativo pueda tener sobre el precio y la disponibilidad de combustibles en uno de los departamentos con mayores desafíos logísticos del país.