Según El Colombiano, el balance macroeconómico y fiscal del Gobierno Petro llega marcado por la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, una brecha que ejerce presión sobre las cuentas públicas y que el próximo presidente deberá enfrentar desde el primer día de mandato.
El Producto Interno Bruto es uno de los termómetros centrales de este panorama. Colombia cerró el ciclo con un crecimiento moderado, insuficiente para cerrar las brechas sociales que persisten en regiones apartadas y entre la población más pobre. El próximo gobierno recibirá una economía en expansión, pero lejos del ritmo necesario para absorber la mano de obra disponible.
La deuda externa es otro de los capítulos sensibles. El país acumula compromisos de pago que superan los ingresos por exportaciones en varios periodos, lo que mantiene la dependencia del crédito internacional y de la inversión extranjera. Cualquier ajuste en las condiciones financieras globales se traslada de forma directa al costo de esa deuda.
La inflación, aunque cedió frente a los picos de años recientes, sigue por encima de la meta del Banco de la República. Los alimentos y los servicios concentran las mayores variaciones de precio, lo que golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de su presupuesto al consumo básico.
La informalidad laboral completa el cuadro. Más de la mitad de los trabajadores colombianos se desempeñan sin protección social, sin aportes a pensiones y sin acceso a salud contributiva. Esta realidad limita la recaudación tributaria, debilita las finanzas del sistema pensional y reduce la productividad agregada.
El Colombiano señala que este conjunto de indicadores configura una transición económica compleja. El próximo presidente deberá diseñar una estrategia que combine disciplina fiscal con reactivación de la inversión, sin descuidar la atención a los sectores más golpeados por la carestía y por la falta de oportunidades formales.
El margen de maniobra pasa, en buena medida, por una reforma tributaria que cierre el déficit sin desincentivar la inversión privada. Los analistas citados por el medio coinciden en que el desafío es ampliar la base de contribuyentes formales y reducir la elusión y la evasión, antes que elevar las tarifas vigentes.
La política monetaria también entra en la ecuación. La tasa de interés de referencia del Banco de la República incide en el costo del crédito hipotecario, empresarial y de consumo. Su trayectoria futura dependerá tanto de la inflación interna como de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que afectan el flujo de capitales hacia economías emergentes.
En el plano social, las consecuencias son directas. Un trabajador informal es también un ciudadano sin red de seguridad frente a una enfermedad, un accidente o la vejez. Cerrar esa brecha exige formalizar empresas, simplificar los procesos de vinculación y ampliar la cobertura de programas de protección social.
Queda pendiente el debate sobre el modelo de desarrollo. El próximo Ejecutivo definirá si prioriza la inversión en infraestructura, la transición energética, la seguridad jurídica para la inversión privada o una combinación de estas rutas. El Colombiano deja sobre la mesa una advertencia: las decisiones que se tomen en 2026 condicionarán la economía colombiana durante la próxima década.