Los familiares de los militares colombianos recluidos en Haití, acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, elevaron una solicitud al presidente Abelardo de La Espriella para que el gobierno colombiano intervenga en su situación carcelaria. Según Blu Radio, los allegados consideran viable gestionar el traslado de los uniformados al país, ya sea mediante un proceso de repatriación o, eventualmente, a través de una solicitud de extradición.
El caso se remonta al magnicidio perpetrado en la madrugada del 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, cuando un grupo armado asesinó al entonces presidente haitiano dentro de su residencia. En las semanas siguientes, las autoridades haitianas detuvieron a más de una veintena de personas, entre ellas varios exmilitares colombianos que habían viajado al país como parte de una empresa de seguridad privada contratada para proteger al mandatario.
Colombia abrió investigaciones internas para esclarecer las circunstancias en las que esos exuniformados salieron del país y terminaron involucrados en el operativo. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han tramitado procesos por posibles violaciones a normas de exportación de servicios de seguridad y por eventuales nexos con redes irregulares. Los familiares sostienen que los detenidos actuaron engañados sobre la verdadera naturaleza de la misión.
En Haití, el proceso judicial ha enfrentado múltiples tropiezos: audiencias pospuestas, cambios de jueces y cuestionamientos sobre las condiciones del sistema penitenciario local, donde los colombianos permanecen recluidos en un centro de máxima seguridad conocido como el Pénitencier National. Organismos de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones de reclusión y por las garantías del debido proceso en el país caribeño.
La posibilidad de una solicitud de extradition cobra relevancia porque permitiría que los connacionales respondan ante la justicia colombiana por los delitos que se les imputen en su territorio, al tiempo que continuarían eventualmente a disposición de Haití mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional. Los familiares insisten en que cualquier salida debe priorizar la integridad física y el acceso a defensa adecuada de los detenidos.
La Cancillería colombiana, históricamente, ha prestado asistencia consular a los presos desde el inicio del proceso. Con la nueva solicitud, se solicita que el gobierno eleve la gestión al nivel presidencial y coordine con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo un plan de seguimiento más activo.
El gobierno de De La Espriella no ha emitido por ahora un pronunciamiento público sobre la petición. Queda pendiente definir si Colombia promoverá una repatriación, si respaldará una solicitud de extradición o si continuará con la asistencia consular ordinaria mientras el proceso penal en Haití sigue su curso.