Familiares de 17 militares colombianos detenidos en Haití elevaron una solicitud al presidente Abelardo de La Espriella para que intervenga en la búsqueda de su regreso al país. La petición, reportada por El País, se centra en la posibilidad de que los uniformados enfrenten un proceso en Colombia, bajo el argumento de garantías judiciales para los acusados.
Los uniformados permanecen privados de la libertad desde el 17 de julio de 2021, fecha en que fueron capturados en Puerto Príncipe. Su arresto ocurrió un día después del asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse, un hecho que sacudió la política de ese país y que dejó un cuadro institucional frágil.
Los militares formaban parte de un grupo más amplio que viajó a Haití en el marco de relaciones bilaterales de cooperación. Su situación procesal se ha prolongado durante varios años y, según la fuente, los familiares sostienen que las condiciones del proceso se deterioraron tras el magnicidio y la crisis de gobernabilidad que siguió.
La solicitud al primer mandatario colombiano se apoya en el derecho de los connacionales a un proceso con plenas garantías. Los familiares argumentan que el sistema judicial haitiano atraviesa dificultades tras el magnicidio de Moïse, lo que pondría en duda la imparcialidad del juicio que enfrentan los uniformados.
El pedido a De La Espriella se inscribe en la facultad del jefe de Estado para adelantar gestiones diplomáticas en favor de colombianos detenidos en el extranjero. A través de la Cancillería y de la Embajada en Haití, el Gobierno puede canalizar solicitudes de traslado, aunque la decisión final depende de las autoridades del país receptor.
La crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de bandas armadas y la debilidad del Estado, rodea la petición. El clima tras el magnicidio ha generado denuncias de organismos internacionales sobre las condiciones del sistema penitenciario y sobre la independencia judicial en el país caribeño.
La fuente no precisa fechas para una eventual respuesta del Gobierno colombiano ni plazos del proceso en Haití. El caso queda a la espera de que la administración de De La Espriella evalúe los pasos diplomáticos y, de ser el caso, adelante los trámites formales para explorar un traslado que depende del aval haitiano.
Para los familiares y la opinión pública colombiana, el desenlace del proceso tiene efectos directos en la garantía de derechos de los uniformados. La gestión que se adelante desde Bogotá será determinante para que los militares puedan o no ser juzgados en territorio colombiano, bajo el sistema penal nacional.