La solicitud fue dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, con el fin de que adelante una revisión de contratos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, según los denunciantes, habrían sido designados en los últimos días de la administración de Gustavo Petro. La petición se conoce en medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración de Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, uno de los contratos en cuestión fue firmado el 14 de agosto. Su objeto es la contratación del arrendamiento de vehículos convencionales como medida de protección para beneficiarios del Programa de Prevención y Protección que lidera la UNP. La fecha de suscripción llamó la atención de los solicitantes, por ocurrir en la recta final del mandato anterior.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de evaluar los riesgos y asignar medidas de protección a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios y excombatientes. Los esquemas de protección incluyen escoltas, chalecos antibalas, vehículos y otros dispositivos, financiados con recursos del presupuesto nacional.
El Programa de Prevención y Protección es la ruta que sigue la UNP para asignar estas medidas. Cada solicitud pasa por un estudio de nivel de riesgo. Cuando se aprueba, la entidad debe garantizar las medidas de forma continua. Cualquier interrupción por demora contractual afecta directamente a los beneficiarios, que dependen de estas medidas para su seguridad cotidiana.
Los congresistas que elevaron la petición argumentan que la suscripción de contratos en los últimos días de una administración puede responder a decisiones apresuradas o sin la supervisión adecuada. Por eso pidieron al ministro Lara, jefe de la cartera política del nuevo gobierno, que evalúe si los procesos cumplieron los requisitos legales y técnicos.
El pedido no detalla aún presuntas irregularidades específicas más allá de la cercanía con el cierre del gobierno anterior. Tampoco se reportan, en el extracto disponible, sanciones o investigaciones abiertas contra la UNP por estos contratos. La revisión solicitada se enfocaría en establecer si la contratación cumplió con los principios de transparencia, planeación y selección objetiva.
Para los beneficiarios del programa, la revisión no debe traducirse en una suspensión de las medidas de protección ya asignadas. Organizaciones de derechos humanos han señalado en otras oportunidades que los cambios de gobierno suelen generar incertidumbre operativa en entidades como la UNP, lo que puede traducirse en demoras en el pago a escoltas o en la renovación de vehículos.
El ministro del Interior tiene la facultad de impartir directrices a las entidades adscritas a su cartera, entre ellas la UNP, que depende funcionalmente de esa dependencia. Una vez recibidas las explicaciones, el Ministerio puede ordenar auditorias internas o remitir el caso a los organismos de control si encuentra indicios de irregularidad.
Queda por verse si la solicitud derivará en una investigación formal de la Contraloría o la Procuraduría, y si la UNP tendrá que renegociar o suspender algunos de los contratos firmados en agosto. Mientras tanto, los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección esperan que las medidas que hoy los amparan no se vean afectadas por el debate político sobre el cierre de la administración anterior.