La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, elevó ante el gobierno de Abelardo de la Espriella una solicitud formal para crear una agencia nacional de ciberseguridad, según reportó Portafolio.co. El pedido busca centralizar la respuesta estatal frente a delitos digitales que afectan al sistema financiero y a los usuarios.
De acuerdo con el gremio, la nueva entidad debería encargarse de dos frentes prioritarios. El primero es el control de páginas web fraudulentas usadas para suplantar bancos y capturar datos de clientes. El segundo es la regulación de la emisión de SIM y eSIM, los chips físicos y digitales que enlazan los teléfonos móviles con las redes de telecomunicaciones.
La petición llega en un contexto de aumento de estafas digitales en Colombia, donde modalidades como el phishing, la suplantación de identidad en páginas falsas y el robo de credenciales bancarias han crecido de la mano del uso masivo de canales digitales. Los bancos han reportado incrementos en quejas por transacciones no reconocidas y por suplantación de sus marcas en internet.
Asobancaria agrupa a los principales establecimientos de crédito del país y suele presentar al gobierno nacional sus prioridades en materia de seguridad financiera al inicio de cada administración. La creación de una agencia de ciberseguridad figura entre las recomendaciones de política pública que el sector viene planteando desde años recientes, ante la dispersión de funciones entre la Superintendencia Financiera, la Dijín, el Ministerio de las TIC y otras entidades.
La propuesta también toca el terreno de las telecomunicaciones. La emisión de SIM y eSIM se relaciona con fraudes como la duplicación de líneas, la toma de cuentas de WhatsApp y otros servicios mediante el reenvío de códigos de verificación. Para el gremio bancario, regular esa cadena reduce un eslabón clave en los delitos que terminan vaciando cuentas.
Para los ciudadanos, una eventual agencia tendría impacto directo en la protección de datos personales y financieros. Una mayor coordinación estatal podría traducirse en bloqueos más rápidos de sitios falsos, alertas tempranas sobre campañas de fraude y procedimientos más claros para reportar incidentes, según el tipo de tareas que suelen cumplir entidades similares en otros países.
El tema queda ahora en manos del Ejecutivo. Corresponde al gobierno de Abelardo de la Espriella decidir si incluye la creación de esta agencia en su agenda legislativa, si la adopta mediante decreto o si opta por fortalecer las entidades existentes. Portafolio.co no reportó una respuesta oficial del nuevo gobierno al pedido del gremio.
Asobancaria también suele insistir en la necesidad de endurecer penas por delitos informáticos y de agilizar los canales de denuncia. Esos puntos suelen acompañar las solicitudes del sector financiero cuando se discuten estrategias de seguridad en el país, aunque su inclusión específica en esta propuesta no aparece detallada en la fuente consultada.
El expediente deja tareas pendientes: definir la naturaleza jurídica de la agencia, su dependencia presupuestal, su articulación con la Policía Nacional y con los ministerios del sector, y el alcance de sus facultades frente a proveedores de servicios de internet y operadores móviles. Esos detalles marcarán la diferencia entre un anuncio y una herramienta operativa contra el fraude digital.