La mesa de diálogo instalada entre el Gobierno nacional y los Comuneros del Sur atraviesa un momento de indefinición. Así lo plantearon los delegados que participaban en ese espacio, quienes pidieron que se expidan los actos administrativos necesarios para definir el rumbo del proceso. La solicitud llega luego de que se conociera la orden de captura con fines de extradición en contra de Gabriel Yepes, conocido como alias HH, señalado como cabecilla de esa estructura.
Según los delegados, pese a la noticia sobre la situación judicial de Yepes, no se ha emitido ninguna resolución que cierre de manera formal este proceso ni los demás que quedaron abiertos durante el anterior Gobierno. Esa ausencia de decisiones escritas mantiene a los participantes en una situación que ellos mismos describieron como un 'limbo', porque no saben si el espacio sigue vigente, bajo qué reglas opera o si se suspende. La falta de un pronunciamiento oficial es el punto central de la queja.
Los Comuneros del Sur son una organización armada surgida en el sur del país, principalmente en zonas del Putumayo y de Nariño, con presencia en corredores de narcotráfico y zonas rurales históricamente abandonadas por el Estado. A lo largo de los años han estado involucrados en diálogos exploratorios con diferentes gobiernos, en los que se han discutido temas como el desescalamiento del conflicto, la situación de las comunidades campesinas y la presencia de otros grupos armados en la región.
Las mesas de diálogo en Colombia suelen regirse por protocolos y actos administrativos que definen su marco, sus garantías y sus plazos. Cuando cambia el Gobierno o cuando ocurre un hecho que altera la situación de alguno de los interlocutores, como una captura o una extradición, lo habitual es que se emita un pronunciamiento oficial que aclare cómo se afectan los compromisos adquiridos. En este caso, los delegados afirman que ese paso no se ha dado, lo que genera inseguridad jurídica sobre el futuro de lo acordado hasta ahora.
La figura de la extradición de cabecillas de organizaciones armadas ha tenido efectos directos en otros procesos de diálogo en el país. En varios casos, la captura o la salida del país de un líder ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de las negociaciones y ha obligado al Gobierno a pronunciarse sobre si los compromisos siguen vigentes o se entienden suspendidos. Los delegados piden que esta vez se haga explícito el camino a seguir.
Para las comunidades del sur del país, la indefinición de la mesa tiene implicaciones prácticas. En esas zonas, los procesos de diálogo suelen estar ligados a expectativas sobre desescalamiento de la violencia, presencia institucional y protección de líderes sociales. Si no se aclara el estado del proceso, queda en duda si los compromisos asumidos con esas comunidades siguen teniendo validez o si quedaron sin efecto por la situación judicial del cabecilla.
Los delegados hicieron un llamado al Ejecutivo para que, en el menor tiempo posible, se firmen los actos administrativos que den claridad sobre la situación de cada uno de los procesos heredados de la anterior administración. Pidieron, además, que se les informe oficialmente sobre las decisiones tomadas, para que los voceros y las comunidades puedan conocer el alcance real de las medidas. Hasta ahora, dicen, no han recibido una comunicación formal al respecto.
El caso queda ahora en manos del actual Gobierno, que debe evaluar si continúa, suspende o replantea la mesa con los Comuneros del Sur. La decisión que se adopte será observada de cerca por las comunidades del Putumayo, de Nariño y de otras zonas donde esta organización tiene influencia, así como por los organismos que hacen seguimiento a los procesos de diálogo en Colombia. Por ahora, los delegados esperan una respuesta por escrito que ponga fin al 'limbo' en el que dicen encontrarse.