Según El Colombiano, sectores de la oposición política pidieron que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, enfrente una moción de censura en el Congreso. La solicitud se apoya en la muerte de tres menores de edad durante un operativo militar ejecutado en el departamento del Guaviare.
El hecho ocurrió en el marco de un bombardeo de las Fuerzas Militares. Aunque la fuente consultada no detalla fecha ni lugar exacto, el caso ha generado reacciones inmediatas en el Congreso y en organizaciones que siguen de cerca el respeto al derecho internacional humanitario.
El ministro de Defensa es el responsable político de la conducción de la fuerza pública. Bajo su mando se ejecutan los operativos contra grupos armados organizados y estructuras criminales que operan en zonas rurales, donde con frecuencia hay presencia de comunidades civiles, incluidos menores de edad.
La muerte de civiles, y en particular de menores, en operaciones militares no es un hecho nuevo en Colombia. En las últimas décadas, distintos episodios han obligado a las Fuerzas Militares a revisar sus protocolos de verificación de objetivos antes de cualquier acción ofensiva.
La moción de censura es una herramienta de control político prevista en la Constitución. Permite que la Cámara de Representantes evalúe y vote la permanencia de un ministro en su cargo cuando se cuestiona su gestión. Su aprobación exige mayoría absoluta y, de prosperar, implica la salida del funcionario.
Para la oposición, el operativo revela fallas en la cadena de mando y en los mecanismos de protección de la población civil. Para el Gobierno y la fuerza pública, en cambio, suele sostenerse que las acciones buscan neutralizar amenazas en zonas donde la distinción entre combatientes y civiles resulta especialmente difícil.
El caso queda en manos del Congreso, que deberá decidir si admite a trámite la solicitud y fija fecha para el debate. Mientras tanto, se esperan pronunciamientos oficiales de la cartera de Defensa y de los organismos de investigación sobre lo ocurrido en el Guaviare.
La discusión llega en un momento sensible para la política de seguridad. Cualquier episodio con menores de edad suele reactivar el debate sobre la presencia de menores en estructuras armadas ilegales y sobre la responsabilidad del Estado en su protección.