El Gobierno nacional dio inicio a la primera fase del llamado “plan de choque” para el sistema de salud, con una asignación inicial de 0,5 billones de pesos, según reportó El Colombiano. La medida llega en un momento de alta sensibilidad social por las demoras en citas, las deudas a los hospitales y la incertidumbre que viven miles de pacientes con tratamientos pendientes.
El anuncio se produce mientras siguen frescos los casos de personas que, como Luz Ángula Parra, han quedado atrapadas entre la autorización de un procedimiento y la respuesta efectiva de las EPS. Su rostro se convirtió en uno de los símbolos de lo que el propio Ejecutivo ha calificado como de desidia del Gobierno anterior con el sistema de salud y con los pacientes.
El plan contempla varias fases. En esta primera etapa se concentrarán los recursos en los puntos más urgentes: pagos atrasados a clínicas y hospitales, giro directo a prestadores y medidas para que las EPS cumplan con la entrega oportuna de medicamentos y procedimientos. La idea, según el Ejecutivo, es intervenir los cuellos de botella que hoy impiden la atención normal.
Para los usuarios, el impacto inmediato se traduce en esperanza de que se reduzcan las filas, las tutelas y los reclamos por servicios negados. En la práctica, un paciente con una orden vigente de cirugía, terapia o medicamento de alto costo podría ver acelerado el proceso si la EPS y la clínica reciben los giros dentro de esta fase.
El sector hospitalario, golpeado por acumulados de cartera que en algunos casos superan los 12 meses, recibe el anuncio con expectativa. Directivos de clínicas y trabajadores de la salud han advertido en los últimos meses que, sin un flujo real de recursos, las nóminas, los insumos y la continuidad de servicios están en riesgo.
El Ministerio de Empresas también ha reiterado que este plan es solo una fase inicial. Quedan pendientes decisiones de fondo, como la reforma estructural al sistema, el saneamiento de las EPS en crisis y la redefinición del flujo de recursos entre la Adres, las aseguradoras y los prestadores.
Sectores políticos y de control han pedido transparencia en la ejecución. La pregunta que se reiterada será si los 0,5 billones llegan efectivamente a los prestadores y a los pacientes, o si se quedan en el sistema financiero, como ha ocurrido con recursos girados en vigencias anteriores y que terminaron en las arcas de las propias EPS.
En las próximas semanas se conocerán los lineamientos operativos, los criterios de priorización y la lista de regiones e instituciones priorizadas. También se esperan reportes periódicos sobre el avance del giro y la atención de casos, como mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía.