La Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió una resolución interna mediante la cual declaró jornada continua y designó un día festivo como hábil, además de incluir los sábados en el calendario laboral. El propósito, según la entidad, es lograr la firma de aproximadamente 5.000 contratos que están pendientes de suscripción antes de que concluya el actual periodo de gobierno.
De acuerdo con Infobae, la ANT justificó la medida por el vencimiento inminente de contratos considerados elementales para su operación. El argumento central es que las restricciones propias de la Ley de Garantías limitan la capacidad de la entidad para suscribir nuevos compromisos en el tramo final del mandato presidencial.
La Ley de Garantías es la norma que, en Colombia, restringe la contratación pública directa en los meses previos a elecciones. Su objetivo es evitar que los recursos del Estado se usen con fines proselitistas. En la práctica, impone plazos rígidos a entidades como la ANT, que maneja procesos de formalización y adjudicación de predios a gran escala.
La Agencia Nacional de Tierras es la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura encargada de la política de tierras. Administra el Fondo Nacional Agrario, gestiona los predios baldíos y adelanta procesos de titulación, compra y subsanación de títulos. La firma de contratos es un paso necesario para entregar tierras a campesinos, comunidades étnicas y víctimas del desplazamiento.
La cifra de 5.000 contratos da una idea del volumen de expedientes represados. Cada contrato representa, en la mayoría de los casos, una decisión de formalización, compra o adjudicación pendiente. La acumulación responde en parte a la transición entre gobiernos, periodo en el que las entidades suelen ralentizar trámites sensibles.
La decisión de convertir un festivo en día hábil y de trabajar los sábados es excepcional. La propia resolución lleva implícita la urgencia: el tiempo útil para firmar contratos bajo el actual gobierno se agota con la activación automática de la Ley de Garantías, que prohíbe nuevas suscripciones en el periodo preelectoral.
La medida ha generado reacciones de distinto signo. Sectores que piden mayor agilidad en la entrega de tierras han visto la decisión como un intento por destrabar expedientes. Otros actores, en cambio, han expresado preocupación por la premura con que se firmarían compromisos de alto impacto sobre el patrimonio público.
Queda por conocer el detalle de los contratos que se firmarán, los beneficiarios y los montos involucrados. La ANT deberá publicar los actos administrativos correspondientes y, una vez termine el gobierno de Gustavo Petro, los contratos quedarán bajo la responsabilidad de la administración entrante, que deberá decidir si los mantiene, los modifica o los revisa.