El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que prohibía la actividad minera en la quebrada La Baja, ubicada en el complejo de páramos de Santurbán. La medida había sido expedida por el gobierno de Gustavo Petro y ahora queda sin efectos, según informó Infobae.
La cartera ambiental argumentó que la revocatoria se apoyó en una orden judicial y en la detección de irregularidades dentro del proceso que llevó a la prohibición original. No se conocieron de inmediato los detalles técnicos ni el alcance específico de las anomalías señaladas.
El páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas de alta montaña más sensibles del país. Alberga fuentes de agua que abastecen a municipios de Santander y Norte de Santander, lo que convierte cualquier decisión sobre uso del suelo en un asunto de interés regional y ambiental.
La resolución revocada formaba parte de un conjunto de restricciones orientadas a proteger los páramos delimitados por las autoridades ambientales. Con su derogatoria, se reabre el debate sobre el equilibrio entre la conservación de estos ecosistemas y la actividad económica que se desarrolla en su área de influencia.
Sectores mineros han reclamado históricamente que las restricciones en zonas de páram afectan economías locales y fuentes de empleo. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales y comunidades han advertido sobre los riesgos de contaminación del agua y pérdida de biodiversidad asociados a la minería en estos territorios.
La decisión ocurre en un contexto de revisión de varios actos administrativos del gobierno anterior por parte de las carteras del actual Ejecutivo. El Ministerio de Ambiente no publicó de inmediato un comunicado oficial detallado sobre los fundamentos técnicos de la revocatoria.
Para los habitantes de la región, el anuncio abre un compás de espera. Los municipios que dependen del agua que nace en Santurbán observan con atención los próximos pasos del Ministerio, mientras que los actores del sector minero aguardan claridad sobre las condiciones en que podría reactivarse la actividad en la quebrada La Baja.
Queda pendiente conocer el contenido completo de la orden judicial que motivó la decisión, así como los alcances de la investigación interna sobre las irregularidades detectadas. También se esperan pronunciamientos de la autoridad ambiental regional y de los organismos de control sobre la legalidad del procedimiento.