El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que la Política de Paz Total será desmontada a partir del 7 de agosto, según informó el medio Portafolio.co. La medida implica el cierre del marco bajo el cual se adelantaban acercamientos y compromisos con grupos armados organizados.
Para ejecutar la transición, De La Espriella anunció la conformación de un equipo que revisará los compromisos adquiridos con estructuras criminales durante la vigencia de esa política. La tarea de ese grupo será levantar un diagnóstico del estado actual de cada negociación y de los acuerdos firmados.
La Política de Paz Total había sido concebida como la estrategia del Estado para buscar simultáneamente la negociación con múltiples grupos armados y su sometimiento a la justicia. Su ejecución dependía de varias instancias del Gobierno nacional, incluida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El desmontaje no significa, en principio, la ruptura automática de todos los diálogos. Cada mesa o acuerdo vigente tendrá que ser evaluado por el equipo de revisión para determinar qué continúa, qué se modifica y qué queda sin efecto. Esa evaluación se convierte en el primer paso formal del nuevo gobierno en materia de seguridad.
El anuncio llega en un contexto de debate público sobre los resultados de la política de negociación con estructuras criminales. Sectores políticos y de seguridad han cuestionado la efectividad de los acercamientos, mientras que defensores del diálogo han pedido mantener los espacios de conversación.
Para la ciudadanía, el cambio de rumbo tiene implicaciones directas en regiones donde operan los grupos armados vinculados a la política. La forma en que se cierren o transformen los compromisos puede afectar la seguridad de comunidades, el riesgo de recrudecimiento de la violencia y la situación de líderes sociales y excombatientes.
El equipo de revisión tendrá que definir también qué ocurre con los compromisos de carácter humanitario, como liberaciones, ceses al fuego y mecanismos de protección a poblaciones vulnerables. Esos puntos suelen ser los más sensibles porque comprometen la vida de personas en los territorios.
Desde el punto de vista institucional, el desmontaje implica ajustes en la estructura del Estado encargada del tema. La transición exigirá reorganizar funciones, reasignar recursos y redefinir la interlocución con los grupos armados, tareas que demandarán coordinación entre el nuevo gobierno y las entidades involucradas.
El gobierno entrante ha señalado que la revisión se hará con criterios de transparencia y responsabilidad. Aún no se han detallado los plazos internos del equipo ni los nombres de sus integrantes, aspectos que se conocerán en los días previos al 7 de agosto.
Queda por verse cómo reaccionarán las estructuras criminales con acuerdos vigentes y los países acompañantes de los procesos. Las próximas semanas serán decisivas para entender el alcance real del cambio anunciado y su efecto sobre la seguridad y la construcción de paz en Colombia.