El Gobierno Nacional difundió resultados de su ofensiva contra los grupos armados: bombardeos localizados, bajas reportadas y despliegues en zonas estratégicas del país. La comunicación oficial buscó transmitir firmeza en el arranque de la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.
Según la revista Raya, esos mismos operativos están bajo cuestionamiento. La publicación documenta que tres menores reclutados murieron en un bombardeo en el departamento del Guaviare, un hecho que organizaciones de derechos humanos venían señalando desde la zona.
El reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales es una práctica recurrente en regiones como el Guaviare, donde convergen disidencias de las FARC, grupos paramilitares y bandas criminales. La presencia de niños dentro de los campamentos vuelve a poner en el centro el principio de distinción y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
La Sierra Nevada de Santa Marta aparece como el segundo foco de controversia. Raya reporta operaciones militares que se encuentran bajo denuncia, aunque no precisa ante qué instancia ni el estado actual de esas investigaciones.
El concepto de "falso positivo" reaparece con fuerza en el debate público. El término alude a civiles presentados irregularmente como bajas en combate, una práctica documentada en Colombia durante las últimas décadas y que derivó en investigaciones, sentencias y reformas dentro de las Fuerzas Militares.
Para las familias de las víctimas y para las organizaciones de derechos humanos, lo que esté en cuestión es la cadena de responsabilidades: la planeación de la operación, las reglas de engagement y los protocolos de verificación de identidad en zonas de combate.
El Gobierno tendrá que responder si los protocolos de protección a la población civil, en especial a menores de edad, se cumplieron durante el orden en cuestión. La política de defensa y seguridad del presidente Abelardo de la Espriella arrancó oficialmente, y sus primeros resultados ya están bajo la lupa.
Queda pendiente conocer los pronunciamientos oficiales sobre los casos denunciados, las investigaciones disciplinarias o penales que se adelanten y las acciones tomadas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. La oposición y los organismos de control también anunciaron que pedirán explicaciones.